En el marco de un plenario conjunto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Asuntos Agrarios y Legislación General de la Cámara de Diputados de La Pampa, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial defendieron el proyecto de ley que impulsa la implementación del cobro de peaje en las rutas pampeanas. La iniciativa apunta centralmente a mitigar el impacto y costear el deterioro generado por el incesante incremento del tránsito pesado vinculado a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, con una premisa clara: que los contribuyentes locales queden exentos de esta carga.
El impacto del tránsito pesado y Vaca Muerta
Durante la reunión legislativa estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cárdenas; el titular de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Ullán; además de asesores legales y técnicos del área vial. En su exposición inicial, Intronati detalló cómo la red caminera de la provincia absorbió un notable incremento vehicular en los últimos cuatro años debido al desarrollo productivo neuquino y al marcado deterioro de las trazas nacionales.
“No hay ninguna cuestión que investigar, sino ponerle nombre, que es todo lo que tiene que ver con la relación de Vaca Muerta y el tránsito obligado que tiene por la provincia de La Pampa”, afirmó Intronati. El ministro explicó que el flujo de camiones escaló de un promedio de 380 diarios a unos 800, llegando en ciertas jornadas a superar las 1.000 unidades. Asimismo, cuestionó el estado y la falta de mantenimiento del Gobierno central en los corredores federales: “Reconocemos que hay inversiones que no se han hecho desde hace muchísimo tiempo, pero hoy el abandono es total. No queremos que la situación de las rutas nacionales, la emergencia vial que tiene La Pampa, se sufra en las rutas provinciales”.
Tarifa estimada, fideicomiso y exención a pampeanos
A su turno, el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cárdenas, ofreció precisiones técnicas y estimaciones económicas sobre la aplicación del sistema. Según reveló ante las consultas legislativas, se proyecta una tarifa de referencia de 3 dólares por cada 100 kilómetros recorridos, lo que implicaría sumar alrededor de un 20% al presupuesto anual ordinario del organismo vial.
Respecto de la instrumentación mediante un fideicomiso, los funcionarios remarcaron que este organismo tendrá únicamente la función recaudadora para dotar de celeridad operativa y tecnología al proceso, sin intervenir en licitaciones de bacheo o señalización, tareas que permanecerán 100% bajo la órbita de Vialidad. De acuerdo al esquema propuesto, el 90% de los fondos recaudados se afectará directamente a rutas pavimentadas, mientras que el 10% restante irá destinado a los municipios para la conservación de caminos vecinales que conectan con la red troncal.
Por su parte, Intronati fue tajante respecto a quiénes recaerá el costo del peaje: “El objetivo es que el pampeano no pague. Si el que hace uso de las rutas provinciales lo hace, que pague; pero que el que tributa en La Pampa no lo haga. El objetivo del Ejecutivo es eximir al que ya tributa”.
Deterioro estructural y proyecciones a futuro
Cárdenas advirtió sobre el daño acelerado que produce el transporte de arena de fractura para el fracking, señalando que actualmente transitan unos 880 camiones areneros diarios (cerca de 5 millones de toneladas anuales), cifra que podría triplicarse a 2.640 rodados al día en una década. “Hoy una ruta que tenía diez años de vida útil tiene tres, porque esa cantidad de ejes que soportaba la estructura se alcanzó antes de tiempo”, ejemplificó.
Como muestra crítica de esta realidad, el titular de Vialidad citó la Ruta Provincial 20, donde el mantenimiento habitual de sus 193 kilómetros demanda unos $20.000 millones al año, mientras que la reconstrucción definitiva de los 137 kilómetros más comprometidos requeriría aproximadamente $274.000 millones. “Necesitamos 5 o 6 años solo para realizar una inversión medianamente decorosa para la necesidad que hoy requiere la Ruta 20 en caso de que siga siendo utilizada por estos areneros. Este proyecto busca tratar de minimizar este impacto”, concluyó.
En cuanto a la tecnología para el cobro, se adelantó que en una etapa preliminar se utilizarían tótems de registro para posteriormente migrar hacia esquemas automáticos de flujo libre (Free Flow).
