El fiscal Damián Campos brindó precisiones sobre el estado de la investigación por el robo de $250.000 en perjuicio del señor Prada, una causa que ya tiene cuatro personas investigadas. En diálogo con InfoPico Radio, explicó el alcance de la resolución del Tribunal de Impugnación Penal (TIP) que otorgó el arresto domiciliario a los dos detenidos que permanecían alojados en dependencias policiales y reveló los resultados de las pericias genéticas.
Qué se discutió en las audiencias y por qué cambió la modalidad de detención
Campos aclaró que la decisión del TIP no modifica el fondo de la causa. «El hecho de que les dispongan o no la prisión preventiva o la modalidad de arresto domiciliario no hace al fondo de la cuestión, no hace a que hayan mermado o no los elementos de convicción para suponer si tienen o no participación criminal», sostuvo.
Según explicó, lo que se debatió en las audiencias fue si estaban dadas las condiciones para mantener a los imputados privados de la libertad mientras la Fiscalía avanza hacia la acusación y el eventual debate. El Ministerio Público Fiscal entendía que la preventiva debía sostenerse porque todavía faltan los informes de las aperturas de los teléfonos celulares secuestrados.
«Acá lo que se discutió en todas estas audiencias es si estaban dadas las condiciones para que estuvieran con prisión preventiva mientras nosotros estamos investigando y avanzando hasta efectuar la acusación»
El TIP, en cambio, consideró que el resguardo del proceso podía garantizarse igual con la modalidad domiciliaria y el control por tobillera electrónica.
La gorra, el ADN y la confirmación de la hipótesis fiscal
Uno de los avances más significativos llegó desde el Laboratorio Genético Forense. Durante un allanamiento en el domicilio de Gonzalo Torres, los investigadores secuestraron una gorra de las mismas características que la utilizada por la persona que fue registrada ingresando a la vivienda de la víctima.
El análisis arrojó perfil genético de Mauricio Bajo. Para el fiscal, el dato resulta clave porque objetiva, con evidencia científica, lo que hasta ahora surgía de la reconstrucción hecha con cámaras de seguridad de la ciudad.
«Estamos confirmando la hipótesis fiscal de que efectivamente el que andaba con la gorra era Bajo, el que ingresó a lo de Torres era Bajo, y el que se cambió las prendas de vestir y dejó en el lugar la gorra era Bajo»
También hubo resultados en el vehículo en el que se habrían movilizado los investigados: en una lata de gaseosa se detectó ADN de Torres y del titular del rodado. «Objetiviza que ambos estuvieron arriba de ese vehículo», señaló Campos, aunque aclaró que ninguno de los imputados prestó declaración hasta el momento.
Cuatro investigados y la puerta abierta a nuevos nombres
Consultado sobre la situación procesal de los involucrados, el fiscal precisó que Mauricio Bajo, Gonzalo Torres, Claudio Arhex y Luján Luna revisten la calidad de investigados, con distinto grado de participación. Y no descartó que la nómina se amplíe.
Campos remarcó que no se trató de un hecho al azar:
«No era un hecho al voleo, donde una persona va y se mete a una vivienda, sino que entendemos que hay una planificación previa en cuanto a la elección del día y del lugar»
Entre las medidas de prueba pendientes, el fiscal enumeró:
- El informe sobre el contenido de los teléfonos celulares secuestrados.
- El trabajo con el impacto de antenas de telefonía.
- La determinación de la numeración de los billetes secuestrados en los allanamientos.
Los billetes secuestrados y la pista de la serie
Sobre el dinero hallado en los allanamientos, Campos explicó que se aguarda que el Grupo Quemú informe si los billetes entregados a Prada estaban numerados. Luego habrá que determinar en qué banco fue retirado ese dinero y si existe registro de esa numeración.
«Lo que llama la atención es que hay una serie corta entre distintos billetes que se secuestraron en distintas viviendas, que dan a entender que han salido de la misma tanda», apuntó.
Plazos: el 27 de septiembre, una fecha clave
El plazo de 60 días fijado en la audiencia del 27 de julio se cumple el 27 de septiembre de 2026. Ese día se definirá si continúa alguna medida coercitiva sobre los imputados, en función del avance de la pesquisa y de lo que resuelva el juez de control.
Respecto de la calificación legal, el fiscal indicó que se trata de un hurto calificado, con una escala penal de 1 a 6 años, en concurso con violación de domicilio, lo que puede elevar el máximo. De todos modos, planteó ante el TIP que el monto sustraído y el daño económico ocasionado alejan el caso del mínimo legal a la hora de evaluar los peligros procesales de fuga u ocultamiento.
La Fiscalía espera no demorar más allá de este año para formular la acusación.
