El Ministerio Público Fiscal de la II y IV Circunscripción Judicial de La Pampa llevó adelante un importante encuentro de capacitación y coordinación institucional. La jornada estuvo dirigida a oficiales y comisarios de distintas dependencias policiales del norte y oeste provincial, con el firme propósito de unificar criterios de actuación ante situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
De la reunión participaron fiscales y representantes de todas las comisarías que integran la Unidad Regional II, junto a efectivos de dependencias policiales del oeste pampeano, entre las que se destacaron las de las localidades de Victorica, Telén y Santa Isabel.
Alcances del nuevo régimen y articulación de criterios
La exposición principal de la jornada estuvo a cargo de Emilia Buffone, funcionaria del Ministerio Público Fiscal, quien detalló los cambios fundamentales derivados del nuevo régimen penal juvenil. El eje central fue brindar pautas claras que los efectivos policiales deberán tener en cuenta durante las primeras intervenciones, buscando siempre coordinar el accionar entre la Policía y la Justicia.
Durante la charla, se repasaron los principios rectores de este nuevo paradigma, haciendo especial hincapié en la necesidad de distinguir claramente entre aquellos adolescentes que son punibles y los que, por su edad, son considerados no punibles.
“En este primer encuentro expliqué la diferencia con la nueva Ley 27.801 y cómo la provincia se había adecuado a esa legislación a partir de la ley que se aprobó en la Legislatura provincial el 11 de septiembre, que es la Ley 3.656”, precisó Buffone, agregando que el encuentro sirvió para entregar directivas prácticas destinadas a facilitar el trabajo diario de los uniformados.
Notificaciones, detenciones y plazos legales
Uno de los puntos más sensibles que se abordaron fue el procedimiento adecuado para las notificaciones. Se dejó en claro que, al momento de notificar a un adolescente, es un requisito indispensable que conste la firma de la madre, el padre, un tutor o un adulto responsable. En caso de que el menor no cuente con referentes familiares presentes al momento de la intervención, la Policía debe comunicar de inmediato lo actuado a los organismos de Protección de Derechos.
Asimismo, se analizaron los aspectos vinculados a la detención de menores y los tiempos de la Justicia. Resulta vital para el debido proceso que las actuaciones sean elevadas al Ministerio Público Fiscal en un plazo máximo de 24 horas, un aspecto que se considera central para garantizar una intervención ajustada al nuevo régimen.
Un paradigma con finalidad educativa y de reinserción
Lejos de la lógica estrictamente punitiva del sistema penal para adultos, se remarcó que el nuevo proceso penal juvenil persigue otros horizontes. La funcionaria fue categórica al explicar que el objetivo del sistema no es meramente retributivo o de castigo, sino que apunta de manera directa a la educación y la reintegración del adolescente en la sociedad.
“También les hablé con respecto a los principios que rigen en el proceso penal juvenil y el fin, que es no retributivo sino justamente de reintegrarlos a la sociedad y educativo”, subrayó Buffone ante los presentes.
Desde el Ministerio Público Fiscal valoraron este tipo de espacios como fundamentales para fortalecer los lazos institucionales. La correcta aplicación de estas normativas desde el primer contacto de la Policía con los jóvenes será el gran desafío para asegurar procedimientos eficaces y, por sobre todo, respetuosos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la provincia.
