El agresor vivía con la víctima en un colectivo en General Pico. La mujer había denunciado violaciones y vejaciones extremas, pero la Justicia cerró el caso por ‘lesiones leves’ al no poder ubicarla para sostener la acusación más grave.
General Pico – Un perturbador caso de violencia de género culminó con una condena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para un joven mendocino radicado en La Pampa, tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez de Control, Heber Pregno.
Los hechos salieron a la luz en mayo de 2025, cuando la policía asistió a la víctima, quien convivía con el agresor en el interior de un colectivo estacionado cerca del hospital local. En su denuncia inicial y ante testigos, la mujer relató un verdadero calvario: detalló haber sufrido golpes constantes, amenazas de muerte y agresiones sexuales continuadas, incluyendo aberrantes humillaciones donde el acusado la denigraba pasándole materia fecal por el rostro.
Sin embargo, la condena acordada entre la defensa oficial y el Ministerio Público Fiscal se limitó exclusivamente a la agresión física documentada el 2 de mayo de 2025, cuando el atacante la tomó de los cabellos y le propinó puñetazos en el estómago y los brazos, provocándole hematomas.
¿Por qué el agresor no fue condenado por los delitos sexuales? Según consta en la sentencia, la fiscal Ana María Ballari retiró las acusaciones por abuso sexual con acceso carnal y amenazas debido a la imposibilidad judicial de volver a contactar y entrevistar a la víctima para sostener el testimonio probatorio. Ante esta falta de acusación fiscal, y basándose en la jurisprudencia obligatoria de la Corte Suprema, el magistrado se vio obligado a dictar la absolución por esos graves cargos.
La pena base de seis meses por ‘lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género’ se unificó con una condena anterior que el hombre tenía en suspenso desde 2022, por abuso de armas de fuego y tentativa de robo. De esta manera, se revocó su condicionalidad y el agresor pasará un total de 18 meses tras las rejas, en una causa que deja en evidencia la dramática vulnerabilidad de las víctimas de violencia extrema a lo largo del proceso penal.
