Un plenario de comisiones de la Legislatura provincial emitió dictamen favorable por mayoría a un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar las leyes N° 3.353, N° 2.574 y N° 2.831. El objetivo es adecuar la normativa local a la nueva Ley Nacional que establece la baja de la edad de imputabilidad a los catorce años. La iniciativa fue tratada tras la exposición del ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, y del director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio, junto a sus equipos técnicos.
Durante su presentación ante los legisladores, el ministro Alvarez afirmó que se está “ante un punto de inflexión que tiene que ver con la nueva Ley de baja de la edad de imputabilidad”. Aunque manifestó no compartir el contenido de la norma nacional, subrayó: “Más allá de que no compartamos su contenido, las leyes, una vez sancionadas, están para cumplirse”. En esa línea, agregó que desde el gobierno provincial se viene “trabajando desde hace casi cuatro meses para preparar la aplicación de esta Ley en la provincia”.
A continuación, Alejandro Osio detalló los alcances de la adecuación a la Ley Nacional 27.801, que instituye un nuevo Régimen Penal Juvenil. Explicó que la norma nacional presenta “una complejidad que regula una interacción entre cuestiones de fondo y de forma”, diferenciando competencias exclusivas de la Nación, de las provincias y facultades concurrentes. Osio indicó que la Nación tiene la atribución de fijar la edad mínima de responsabilidad penal, que “ha bajado a 14 años”.
El funcionario advirtió que esta modificación provocará una ampliación de la población alcanzada por el Régimen Penal Juvenil “por partida doble”. “En primer lugar porque baja la edad mínima de responsabilidad penal, por lo tanto incorpora adolescentes de 14 y 15 años que hasta el sábado pasado eran no punibles”, detalló. A esto se suma, según explicó, la ampliación del universo de delitos contemplados. Por este motivo, remarcó que “era necesario y es urgente adecuar el sistema normativo para dar acogida a esta nueva población destino”.
Osio aclaró que la provincia mantiene facultades sobre las reglas procesales, la definición de funciones, la competencia de los juzgados y la organización de los organismos intervinientes, buscando siempre “especialidad y cercanía”. El proyecto contempla la creación de cinco cargos de fiscales adjuntos y cinco de defensores para conformar progresivamente “un fuero específico y exclusivo con el régimen penal juvenil”. Además, destacó que la finalidad del nuevo régimen “no es punitiva, sino que es una finalidad restaurativa y de reinserción social”, motivo por el cual se considera incompatible el juicio abreviado y se ampliaron los criterios de oportunidad.
En la ronda de preguntas, la legisladora María Laura Trapaglia consultó sobre la capacitación para implementar la nueva normativa. Osio informó que se ha desarrollado “un curso de capacitación entre el Ejecutivo, Judicial y UNLPam” y que se creó “una diplomatura en especialidad para el Régimen Penal Juvenil”. Por su parte, la diputada Patricia George preguntó sobre el impacto de un fallo de la provincia de Buenos Aires que suspendió la aplicación de la ley nacional. Osio aclaró que dicha decisión judicial “rige sólo para su circunscripción judicial” y no tiene efecto en La Pampa, destacando la importancia de que la provincia avance con su propia adecuación procesal.
