El Gobierno de La Pampa presentó en la mañana de hoy el Programa Provincial de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa tiene como objetivo brindar formación continua, obligatoria y permanente a más de 20 mil agentes y funcionarios públicos en la materia.
Con la puesta en marcha de este programa, la provincia hará efectivo el cumplimiento de la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio, sancionada hace tres años. Dicha normativa nunca fue implementada por las autoridades nacionales, que debían consensuar los contenidos a través del Consejo Federal de Niñez y Adolescencia, convocatoria que no se concretó. El programa pampeano establece la capacitación obligatoria para la totalidad de empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, e invita a adherir a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios.
El acto de presentación fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete. El mandatario provincial completó la primera parte de la capacitación de manera presencial, dictada por las doctoras Marisa Herrera y Cecilia Bertolé. También participaron autoridades del Poder Judicial, diputados provinciales, integrantes del Tribunal de Cuentas y de organismos descentralizados. La formación estará disponible en la plataforma del Programa de Capacitación para la Administración Pública provincial.
Durante el evento, el ministro de Desarrollo Social y DDHH afirmó que “este Gobierno provincial consideró que ya se había esperado un tiempo prudencial, y ante la inacción del Gobierno nacional, de no cumplir una vez más con lo que establece la ley, en La Pampa se decidió su implementación en forma autónoma”. El funcionario advirtió que la actual realidad económica y social del país “va generando día a día más vulneraciones de derechos; con el consabido aumento y complejidad de las situaciones que afectan a las infancias”.
En ese contexto, el ministro explicó que el gobernador tomó la decisión de lanzar el programa “con el objetivo de dictar una formación continua, obligatoria y permanente de funcionarios y agentes públicos de los tres poderes del Estado, a los efectos de lograr profundizar los conocimientos sobre el Sistema de protección de Derechos, y de los indicadores de vulneración que afectan a la niñez y la adolescencia en nuestro territorio”.
Asimismo, consideró que la iniciativa “adquiere una relevancia estratégica, entendiendo que la protección integral no depende únicamente de un área específica del Estado. Depende de la capacidad de cada agente público, de cada funcionaria y funcionario, de cada institución, para reconocer situaciones de vulneración de derechos, intervenir oportunamente y actuar”.
Finalmente, el titular de la cartera social concluyó que “la capacitación permanente no es solamente una obligación legal. Es una herramienta de transformación institucional. Es la posibilidad de construir un Estado más sensible, más preparado y comprometido con las infancias y adolescencias. Un Estado capaz de escuchar, de acompañar y de actuar cuando debe estar presente”.
