El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un paquete de proyectos destinados a resguardar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Acompañado por la totalidad de su Gabinete, el mandatario confirmó además la decisión de construir una base naval en Tierra del Fuego y de endurecer fuertemente las sanciones contra las empresas extranjeras que operen en el territorio insular.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, remarcó Milei al inicio de su mensaje. En esa misma línea, el Presidente subrayó que no basta únicamente con sostener el reclamo diplomático histórico, sino que el Estado argentino tiene la obligación ineludible de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender tanto la soberanía nacional como los recursos que le pertenecen a todos los argentinos.
Para lograr este cometido, el jefe de Estado precisó que se necesitan leyes adecuadas y organismos estatales bien coordinados para avanzar en un objetivo inclaudicable que, según sus propias palabras, trasciende a cualquier gobierno de turno.
El foco puesto en frenar la explotación petrolera
Durante su discurso, Milei advirtió sobre la gravedad que reviste el avance del proyecto petrolero conocido como Sea Lion, llevado adelante en la Cuenca Malvinas Norte. Según detalló, este emprendimiento implica la extracción unilateral de recursos no renovables, una acción que calificó como un hecho sin precedentes en la zona.
“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó con preocupación el Presidente. Asimismo, alertó que esta explotación generará un incentivo peligroso para que el Reino Unido decida profundizar su ocupación en el archipiélago y continúe vaciando los recursos del país.
El retorno de la causa Malvinas a la agenda global
El reclamo territorial volvió a tomar una fuerte relevancia internacional recientemente, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump admitiera que evalúa revisar la posición histórica de neutralidad de Estados Unidos frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Estas declaraciones se dieron en el marco de presiones desde Washington hacia Londres para que incremente su inversión en defensa militar dentro de la OTAN.
Como respuesta inmediata, el gobierno británico y la administración de las islas ratificaron su postura sobre el territorio. Sin embargo, el escenario coincide con el reciente e histórico acuerdo en el que el Reino Unido devolvió el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio; un antecedente clave que la Argentina mira de cerca y cita como un ejemplo claro de una controversia territorial resuelta a través de medios pacíficos.
Empresas bajo la lupa y el firme rechazo de Cancillería
El polémico yacimiento offshore Sea Lion, descubierto en el año 2010 a unos 220 kilómetros al norte de las islas, está bajo el control de la empresa británica Rockhopper Exploration (35%) y la israelí Navitas Petroleum (65%). Estas compañías comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa de desarrollo, proyectando una inyección total de 1.800 millones de dólares y el inicio de la extracción para el año 2028, apuntando a una producción estimada de 50.000 barriles diarios.
Frente a este avance, la Cancillería argentina reiteró su firme rechazo, recordando resoluciones clave de las Naciones Unidas que solicitan a ambas naciones no realizar acciones unilaterales mientras no se resuelva la controversia soberana.
Desde el Gobierno nacional recordaron, además, que ambas firmas operan de manera clandestina en territorio nacional. Rockhopper fue inhabilitada por 20 años en el año 2012 mediante la Resolución 133 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción de igual magnitud en 2022 por llevar a cabo operaciones hidrocarburíferas sin la debida autorización de la República Argentina.
