La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó un recurso extraordinario federal del Ministerio Público Fiscal. La decisión ratifica la inconstitucionalidad de una norma que impedía beneficios excarcelatorios y permite recalcular la pena de una condenada.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa emitió un fallo que marca un precedente clave en la ejecución de las penas privativas de la libertad en la provincia. La Sala B, integrada por los jueces Fabricio Losi y María Verónica Campo, rechazó un recurso extraordinario federal presentado por los fiscales Máximo Orlando Paulucci y Marisol Emilia Rodríguez, quienes buscaban llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El eje de la disputa es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1° del Código Penal, dictada previamente por el Tribunal de Impugnación (TIP) en el caso de Melody Cecilia Martines. Dicho artículo restringe el acceso a la libertad condicional para ciertos condenados, especialmente aquellos con penas de prisión perpetua. Sin embargo, la justicia pampeana entendió que esta prohibición automática choca contra el principio de resocialización, la dignidad humana y los tratados internacionales de derechos humanos.
Desde la fiscalía advirtieron que esta decisión “distorsiona el sistema de ejecución de la pena” y genera un caso de gravedad institucional. Argumentaron que declarar inconstitucional este artículo altera la política criminal fijada por el Congreso Nacional y vulnera la división de poderes al pasar por alto las leyes federales.
No obstante, los magistrados del STJ desestimaron el planteo al considerar que los fiscales no lograron demostrar una verdadera “cuestión federal” o arbitrariedad en el fallo anterior, sino que solo evidenciaron una “mera discrepancia” con la interpretación jurídica. Con este rechazo formal, la justicia provincial consolida una postura que prioriza la reinserción social, obligando a los jueces de ejecución a recalcular los tiempos para que los condenados a penas máximas puedan evaluar el acceso a la libertad condicional.
