Jerónimo Altamirano, abogado querellante en la causa por el robo de U$s250.000, presentó ante la fiscalía un recurso de impugnación contra la prisión domiciliaria otorgada a uno de los acusados. El letrado argumentó que existen peligros procesales suficientes para requerir la prisión preventiva efectiva y rechazó de plano la hipótesis del autorrobo esbozada por la defensa.
Una investigación que recién comienza
Altamirano explicó que el recurso fue presentado a través del sistema informático judicial, donde expuso los motivos por los cuales considera que la medida de coerción debería ser más gravosa. Si bien reconoció que la prisión preventiva es una medida de excepción, sostuvo que este caso particular la justifica.
«Entiendo que los peligros procesales justifican una de mayor gravedad», afirmó el abogado, quien remarcó que la investigación fiscal preparatoria tiene un plazo de 18 meses para formular la acusación antes de llegar a juicio.
«La única medida que puede salvaguardar el proceso para que no haya obstaculización o intento de obstaculización ni peligro de fuga es la prisión preventiva común»
El querellante anticipó que la defensa probablemente también impugnará la resolución desde su perspectiva, pero sostuvo que están dadas las condiciones para endurecer la medida cautelar.
La teoría del autorrobo no tiene asidero
Consultado sobre la hipótesis de autorrobo planteada por el defensor Herrero Galvagno, Altamirano fue contundente: «No tiene asidero ni en las pruebas ni siquiera con una interpretación distinta a la que estamos haciendo hoy en día la fiscalía y la querella».
La defensa había señalado como sospechoso que la víctima dejara la casa sin alarma, una llave en su lugar habitual y una ventana trasera abierta. El abogado querellante desestimó estos argumentos punto por punto:
- La víctima realizaba un viaje corto a otra localidad, a pedido de una de las imputadas
- El horario elegido coincidía con el momento en que habitualmente estaba en su domicilio
- Tiene animales grandes, razón por la cual no activó la alarma
- El dinero no estaba asegurado, por lo que no existía beneficio alguno en una falsa denuncia
«Estaríamos poniendo en cabeza del damnificado una responsabilidad que entiendo que no es de ella sino de quien se dispone a cometer un delito», subrayó Altamirano.
Pruebas contundentes y posibles nuevos imputados
A diferencia de los casos típicos de falsas denuncias, donde suele no haber evidencia, aquí existen registros de cámaras que muestran el recorrido completo. El abogado destacó el trabajo del personal de la brigada de la Comisaría Primera, calificándolo como «muy completo» e incluso suficiente para una eventual sentencia condenatoria.
En cuanto a la recopilación de más imágenes, Altamirano indicó que los plazos están muy ajustados. Los videos de las cámaras de seguridad se borran o reescriben en un período de 15 a 45 días, y el hecho ya ocurrió hace un mes.
La investigación ahora se enfoca en:
- Pruebas de ADN
- Comparación de objetos hallados en los allanamientos con los que aparecen en los videos
- Análisis y apertura de los teléfonos celulares secuestrados
Un dato llamativo cerró la entrevista: actualmente hay 4 imputados, pero Altamirano no descartó que puedan sumarse más personas a la causa. «La prueba eventualmente sumaría aún más a la teoría del caso de los acusadores en cuanto a la participación coordinada de todos los que intervinieron», concluyó.
