El Tribunal de Impugnación Penal ratificó la condena de dos años de prisión para el profesional. Los magistrados aplicaron perspectiva de género para desestimar los argumentos de la defensa y valoraron el espiral de terror y violencia extrema que padecía la víctima.
La Justicia pampeana ratificó una condena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo para G. H. A., un ingeniero agrónomo hallado culpable de golpear y amenazar brutalmente a su pareja en un departamento de la ciudad de General Pico. La Sala ‘A’ del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por las juezas María Antonella Marchisio y María Eugenia Schijvarger, no hizo lugar al recurso presentado por la defensa y dejó firme la decisión de primera instancia.
El hecho que motivó la condena ocurrió la noche del 20 de agosto de 2024, cuando, tras una fuerte discusión, el acusado le propinó golpes de puño en el brazo y le lesionó un dedo de la mano derecha a la mujer. El ataque físico estuvo enmarcado en un contexto de terror psicológico crónico: el agresor la amenazaba constantemente con dejarla en silla de ruedas, dejarla en la calle, quitarle a sus hijos o mandar a terceros a lastimarla. Lo más alarmante del caso es que el hombre perpetró este delito faltando apenas dos días para agotar una pena anterior por violencia de género contra la misma mujer, violando así la libertad condicional de la que gozaba.
Durante el proceso judicial, el abogado defensor intentó desacreditar a la víctima argumentando demoras en la denuncia y cuestionando la prueba fotográfica de las lesiones, al señalar que la mujer no había entregado su teléfono celular. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos planteos de cuajo aplicando una estricta perspectiva de género. Las juezas remarcaron que ‘las víctimas denuncian cuando pueden, cuando están preparadas’, y respaldaron el relato de la mujer con los testimonios del personal policial que acudió al lugar, el médico que constató las heridas y los informes de las asistentas sociales que advertían sobre el alto riesgo que corría su vida.
El fallo dictado inicialmente por la jueza María José Gianinetto también declaró al acusado como reincidente. Además, subrayó como agravante que sus recursos económicos, laborales y su formación como profesional universitario debieron haberle servido para alejarse del delito, en lugar de utilizarlos como un mecanismo de poder, contactos y manipulación para perpetuar la violencia.
