La Justicia pampeana le rechazó el “beneficio de litigar sin gastos” a un constructor de galpones. Pese a no tener bienes a su nombre, los informes impositivos revelaron ingresos multimillonarios entre 2024 y 2026.
Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dejó al descubierto una insólita estrategia judicial. Un vecino de Guatrache solicitó el beneficio de litigar sin gastos —una herramienta legal diseñada para garantizar el acceso a la justicia a personas sin recursos— con el objetivo de evitar el pago de las costas en una demanda civil que impulsaba contra otro particular por un cumplimiento de contrato.
Para justificar su supuesto estado de vulnerabilidad, el demandante argumentó que no poseía vehículos ni inmuebles registrables a su nombre, y que su trabajo como fabricante de galpones implicaba costos tan altos de producción, materiales y fletes que no le dejaba ganancias netas suficientes para afrontar un proceso judicial. Incluso presentó testigos para intentar convencer al juez sobre su realidad precaria.
Sin embargo, la historia dio un giro rotundo cuando llegaron los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La información oficial reveló que el supuesto cuentapropista de escasos recursos está anotado como Responsable Inscripto y facturó sumas astronómicas en los últimos años: $1.316 millones en 2024; $1.162 millones en 2025; y más de $728 millones solo en los primeros tres meses de 2026.
Al intervenir en el caso, la jueza de cámara María Anahí Brarda confirmó el rechazo del beneficio que ya había dictado el juez de primera instancia. En su resolución, la magistrada explicó que si bien el hombre no tiene propiedades a su nombre, sus millonarios montos de facturación son “indicadores objetivos de capacidad económica” que derriban la presunción de pobreza.
Además, el fallo subrayó que la mera queja del empresario sobre los altos costos de su actividad no alcanza si no presenta pruebas contables que demuestren que esos gastos absorben totalmente sus millonarios ingresos al punto de dejarlo en la indigencia. Como corolario, el tribunal le impuso al demandante el pago de los honorarios y costas generados por su intento fallido de apelar la medida.
