La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del litigio por el presupuesto universitario. El fallo, que lleva las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la medida cautelar que obliga a la gestión central a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión judicial encendió las alarmas en los despachos de Balcarce 50, abriendo un fuerte pase de facturas interno por la estrategia legal implementada.
Los fundamentos procesales del Máximo Tribunal
En la resolución dictada el pasado 25 de junio de 2026, el máximo tribunal del país rechazó los planteos oficiales basándose en una estricta cuestión de forma. Los jueces argumentaron que las decisiones vinculadas a medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva, un requisito procesal indispensable para que la Corte pueda habilitar la vía del recurso extraordinario.
“El pronunciamiento que acuerda, deniega o modifica una medida cautelar no reviste el carácter de sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines del recurso extraordinario”, sostuvieron los magistrados en el fallo.
De este modo, el tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión —es decir, la validez constitucional de la ley o del Decreto 759/25— y se limitó a resolver el aspecto estrictamente procesal, imponiendo además las costas al Estado Nacional.
Un impacto millonario que complica las cuentas públicas
Según trascendió a través de la Agencia Noticias Argentinas, el impacto económico de este revés judicial es de difícil cumplimiento para la administración de La Libertad Avanza. La normativa en juego, que establece la actualización de los fondos destinados a las casas de altos estudios, implica una erogación estimada en 1.3 billones de pesos.
Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya advirtió a su entorno que no existen partidas presupuestarias disponibles para afrontar dicha obligación de manera inmediata, por lo que el Palacio de Hacienda comenzó a recalcular los números contrarreloj para evitar un desacato judicial.
Malestar interno y críticas a los operadores judiciales
La resolución judicial desató un fuerte pase de facturas en las altas esferas del oficialismo. Fuentes partidarias señalaron que el Ministerio de Capital Humano, que conduce la Secretaría de Educación, mantenía canales de diálogo sólidos con los rectores para avanzar en un nuevo proyecto de ley alineado con el equilibrio fiscal. Sin embargo, dicha iniciativa legislativa no fue tratada con la celeridad necesaria en el Congreso de la Nación.
En Balcarce 50 apuntan de manera directa contra los operadores judiciales de la órbita del Ministerio de Justicia y ciertas autoridades parlamentarias. Según explicaron fuentes libertarias, este sector se había encargado de asegurar con excesivo optimismo que la Corte Suprema tendría un “gesto” hacia la gestión de Javier Milei que le otorgaría oxígeno político.
El malestar en el Gobierno se incrementa al considerar que la determinación de los cortesanos se produjo pocos días después de que el oficialismo lograra avanzar en un acuerdo con las universidades para cumplir de forma parcial con la ley de Financiamiento Universitario. Con el rechazo formal de la queja y la cautelar plenamente vigente, los cuestionamientos internos hacia los encargados de la estrategia judicial prometen profundizar la tensión en el seno del Ejecutivo Nacional.
