La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa revocó un fallo del juez Pedro Campos, quien le había negado una cobertura urgente a una madre por considerar “cuestiones procesales”. El magistrado de alzada le recordó que la salud y la urgencia están por encima de los formalismos.
En un fallo que reafirma la prioridad del derecho a la salud en La Pampa, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería le ordenó a la obra social provincial (SEMPRE) cumplir con una medida cautelar para garantizar el tratamiento médico de niños con discapacidad.
El conflicto comenzó cuando una madre presentó un amparo contra SEMPRE solicitando atención urgente para sus hijos. El caso recayó en el juzgado de primera instancia de Pedro A. Campos, quien decidió rechazar el pedido precautorio. Según el magistrado, otorgar esa medida era adelantarse a la sentencia definitiva del juicio, amparándose en un viejo fallo judicial para justificar su negativa burocrática.
La respuesta no tardó en llegar tras la apelación de las abogadas de la familia. El juez de Cámara Guillermo Samuel Salas revocó de inmediato la medida y lanzó duras críticas contra su par de primera instancia. En su resolución, Salas calificó la decisión original como “desacertada” por basarse exclusivamente en un argumento procesal, omitiendo por completo evaluar la urgencia del caso y la existencia de los certificados de discapacidad de los menores.
Pero el reproche no terminó ahí. El tribunal de alzada evidenció que el fallo de 2013 que el juez Campos utilizó para negarle la salud a los niños ni siquiera decía lo que él afirmaba, ni correspondía a la sala mencionada.
Con esta decisión judicial definitiva para la instancia cautelar, la Justicia pampeana dejó en claro que frente al riesgo de la salud de las personas, los jueces tienen la obligación de tener una “estricta mirada precautoria” y flexibilizar los rigores técnicos para evitar daños irreparables en los sectores más vulnerables.
