La Cámara de Apelaciones criticó la prórroga indefinida de medidas restrictivas sin resolver el fondo del conflicto. Un padre pampeano lleva 19 meses desvinculado de sus hijos pese a que varios equipos técnicos sugirieron retomar el contacto. La Justicia ordenó escuchar a los menores de manera urgente.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, a través de la jueza Carina M. Ganuza, emitió un contundente fallo que pone bajo la lupa los tiempos y manejos de los Juzgados de Familia en la provincia. El caso expone la situación de un padre que lleva casi dos años con prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y sus dos hijos, en un expediente marcado por renovaciones sistemáticas de la medida cautelar y acusaciones de “violencia institucional”.
El conflicto llegó a la Sala 3 luego de que el progenitor apelara una nueva extensión de la perimetral dictada en primera instancia basándose en un informe de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar (DPVF). En su apelación, el padre denunció que el juzgado ignoró arbitrariamente los dictámenes favorables del Equipo Técnico SUET y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Según el hombre, estos organismos técnicos habían sugerido desde fines de 2025 levantar la restricción e iniciar una revinculación asistida para frenar el daño psicoemocional en los menores, tras más de 19 meses sin contacto.
Al analizar el caso, la jueza Ganuza determinó que la prórroga apelada ya había vencido el 17 de abril de 2026, volviendo “abstracto” el recurso. No obstante, lejos de limitarse a cerrar el trámite, la magistrada lanzó una fuerte advertencia: las medidas de prohibición de acercamiento entre padres e hijos son “urgentes, transitorias y excepcionales” y no pueden prolongarse de manera indefinida.
En un claro reproche al juzgado de origen, Ganuza remarcó que el proceso lleva casi dos años de tramitación sin abordar ni probar el problema de fondo. Para agravar la situación, la camarista notó una omisión clave: en todo este tiempo, los menores jamás fueron entrevistados personalmente por la jueza de primera instancia. Ante este escenario, la Cámara ordenó que se realice de forma inminente una audiencia para que los hijos sean finalmente escuchados y se priorice su interés superior a la hora de decidir si se reanuda el contacto con su padre.
