La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa aplicó 92 sanciones durante la primera mitad del año a diversas empresas locales y nacionales por incumplimientos en las condiciones de comercialización de productos y servicios que afectaron los derechos de los clientes. La suma total de las multas impuestas ascendió a 243.390.000 pesos, lo que representa un promedio de 2.650.000 pesos por cada sanción.
La información, publicada en el Boletín Oficial de este viernes, fue confirmada por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández. El funcionario subrayó la importancia del organismo al señalar que “el área de Defensa del Consumidor está para defender los derechos de los usuarios y garantizar el equilibrio en el mercado, sobre todo en momentos de tanta vulnerabilidad para los consumidores”.
Fernández también recordó los canales disponibles para la ciudadanía. “Las oficinas están abiertas en cada municipio para recibir reclamos, denuncias o ayuda ante cualquier situación. También se puede hacerlo vía online que es más rápido para el consumidor. El Gobierno provincial de esta manera hace una tarea importantísima para resguardar los derechos ante posibles fraudes o abusos, y también el bolsillo, de los pampeanos”, afirmó.
Entre los rubros más destacados de las empresas sancionadas se encuentran los servicios financieros, planes de ahorro de vehículos, empresas de viajes y turismo, transporte y aerolíneas. Asimismo, fueron multadas compañías fabricantes de casas prefabricadas, proveedores de servicios de telefonía, comercios de venta online de indumentaria y de electrodomésticos.
El procedimiento de actuación del organismo, basado en la Ley 24.240, se divide en dos etapas. La primera, de mediación, busca que el denunciante y el proveedor solucionen el inconveniente de común acuerdo a través de audiencias de conciliación. Si se logra un acuerdo, el expediente finaliza con el reclamo resuelto.
Si la conciliación no es posible, el consumidor puede continuar su reclamo en la vía judicial, mientras que Defensa del Consumidor avanza a una etapa sumarial. En esta instancia se evalúan las posibles infracciones, se realiza una imputación a las empresas y, tras garantizar su derecho constitucional de defensa, se determina si corresponde aplicar las sanciones que luego se publican en el Boletín Oficial.
El monto de cada sanción depende de múltiples factores, entre los que se consideran el hecho generador, los daños ocasionados al consumidor, la envergadura de la empresa (local, nacional o multinacional) y sus antecedentes de sanciones previas en la dependencia.
