Por disposición de la Justicia piquense, este sábado por la mañana se llevó a cabo un importante allanamiento en el establecimiento rural “El Cholín”, ubicado en la zona de Embajador Martini. El procedimiento se enmarca en una investigación judicial por presunta usurpación de tierras, tras la denuncia de un productor agropecuario que asegura haber sido despojado del predio que arrendaba.
El operativo comenzó alrededor de las 8 horas y fue ordenado por el juez de control Alejandro Gilardenghi, a solicitud del fiscal adjunto Matías Juan, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de General Pico. El objetivo primordial de la medida fue constatar el estado de ocupación del inmueble y efectuar una inspección ocular integral del terreno.
El origen de la denuncia
La investigación se disparó a raíz de una presentación formal realizada el pasado 27 de mayo en el Destacamento Policial de la localidad de Quetrequén. El denunciante, un productor de apellido Torassa, relató ante las autoridades haber sido privado de la posesión del campo que venía explotando bajo un contrato de arrendamiento rural vigente.
Según consta en el expediente, impulsado con el patrocinio legal del abogado Alejandro Viano, Torassa apuntó contra otro productor de apellido Grazioli, domiciliado en Ingeniero Luiggi. Se lo acusa de haber ocupado el establecimiento y de apropiarse de los sembrados y productos agroquímicos existentes en el lugar desde septiembre de 2025, de acuerdo a los plazos señalados en la denuncia original.
Derechos en disputa y supuestos acuerdos
El fiscal Matías Juan detalló que el denunciante respalda su reclamo con un contrato de arrendamiento firmado con las propietarias del predio, las hermanas Ramonda, oriundas de la ciudad bonaerense de Lincoln. Este vínculo legal tiene vigencia desde enero de 2024 hasta enero de 2027. Frente a este escenario, Torassa sostiene que se lo privó arbitrariamente de la tenencia de la tierra y de las ganancias económicas derivadas de la explotación agropecuaria.
Por su parte, la denuncia indica que Grazioli se habría mantenido en el campo alegando presuntos derechos que, para la parte querellante, carecen de total validez jurídica. Se especula con la existencia de un eventual acuerdo paralelo con las propietarias, del cual el arrendatario original jamás fue notificado ni convocado a negociar, como tampoco recibió compensación alguna por el perjuicio.
Resultados de la inspección ocular
Durante el despliegue policial y judicial en “El Cholín”, los efectivos detectaron la presencia de un ingeniero agrónomo que se identificó como el encargado del establecimiento. Al ser interrogado por las autoridades, el profesional manifestó encontrarse allí prestando servicios tras haber sido contratado de manera directa por el productor denunciado.
Fuentes ligadas a la causa adelantaron que, a partir de los elementos de prueba recolectados durante este fin de semana, el Ministerio Público Fiscal evalúa la inminente citación de Grazioli a la Fiscalía General. En los próximos días, el productor pampeano podría ser llamado a prestar declaración en calidad de imputado.
