A través de un comunicado que llegó a nuestra redacción, trabajadores y profesionales de la delegación local del PAMI expusieron una delicada situación interna. Según el escrito, el personal atraviesa un escenario de violencia laboral, maltrato y persecución que atribuyen a la actual conducción de la agencia, lo que habría provocado el vaciamiento de áreas críticas y dejado la atención de los afiliados en una situación de vulnerabilidad.
Licencias psiquiátricas y renuncias en el personal
El texto señala que la dependencia cuenta actualmente con un plantel de 14 empleados. Si bien los trabajadores afirman estar acostumbrados a los lógicos recambios de gestión derivados de las distintas transiciones políticas, en el documento aseguran que “nunca vivimos algo como esto”.
El nivel de conflictividad denunciado habría impactado directamente en la salud del personal. De acuerdo a lo expresado en el comunicado, cinco trabajadores se encuentran hoy bajo licencia psiquiátrica prolongada —certificada por especialistas locales y de Santa Rosa— debido a severos cuadros de estrés y ansiedad. A esta situación se le suma la renuncia efectiva de una profesional médica, quien decidió apartarse de su cargo tras una licencia psiquiátrica, argumentando la imposibilidad de retomar sus tareas bajo las actuales condiciones de hostigamiento.
Apuntan a la jefatura y a un presunto “blindaje político”
Los denunciantes, que optaron por mantener un estricto anonimato por temor a perder sus fuentes de trabajo, acusan a la actual titular de la dependencia de imponer criterios personales por sobre las normativas vigentes del instituto. En esa línea, manifiestan que ante cualquier consulta técnica o disidencia, la respuesta de la jefatura se traduce en amenazas de sanciones o “invitaciones abiertas a la renuncia”.
Los afectados sostienen haber recurrido a la Dirección de Recursos Humanos del PAMI a nivel central para activar los protocolos correspondientes ante estos hechos. Sin embargo, expresaron que la respuesta institucional consistió en presiones para firmar “consentimientos de convivencia”, minimizando los reclamos y sin establecer medidas de resguardo para el personal.
Por otra parte, el comunicado advierte sobre un presunto “blindaje político” que protegería a la funcionaria, a quien vinculan con la vicepresidencia provincial de La Libertad Avanza. Según la perspectiva de los trabajadores, este rol partidario explicaría la inacción de las autoridades centrales para intervenir la delegación piquense. Frente a este panorama, anticiparon que formalizarán sus denuncias ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
Grave señalamiento por presunto conflicto de intereses
En el tramo final del documento, las fuentes hacen hincapié en una supuesta y grave incompatibilidad funcional. Según detallan, la jefa de la agencia local es hija de un reconocido cardiólogo de General Pico y de la profesional propietaria de uno de los institutos de diagnóstico por imágenes más importantes de la ciudad; ambos, prestadores activos de la obra social.
Para los denunciantes, este escenario representaría una contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene a su cargo la gestión, auditoría y control de prestaciones que involucran directamente a su núcleo familiar. Según el escrito de los trabajadores, esta situación sería el trasfondo de los sistemáticos roces y hostigamientos hacia el personal médico y administrativo de carrera que intenta aplicar de forma estricta los reglamentos del PAMI.
