La Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de La Pampa (ADU-UNLPam) manifestó su respaldo institucional al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que rechaza las notas enviadas por el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Durante los meses de abril y mayo, el funcionario exigió a las universidades públicas la presentación de informes financieros detallados en plazos de 48 horas.
Según el CIN, estas exigencias se impusieron con “plazos irrazonables, sin basamento normativo claro y con amenazas que vulneran la autonomía universitaria” reconocida por la Constitución. El consejo de rectores señaló que las posibles sanciones mencionadas en las comunicaciones exceden las competencias del organismo emisor.
Desde ADU-UNLPam consideran que estas acciones forman parte de un patrón más amplio. “Lo que aparece como un requerimiento técnico es, en los hechos, otra forma del mismo ajuste. Después de meses de incumplimiento del Estado nacional con la Ley 27.795 —ley vigente, votada por el Congreso, insistida tras el veto, ratificada por la Justicia—, hoy el mismo Estado que no transfiere los fondos previstos exige rendiciones de cuentas en plazos imposibles. No es transparencia: es presión administrativa sobre instituciones que ya están sosteniendo el sistema con muy poco”, afirmó el gremio.
La organización sindical también advirtió sobre el lenguaje utilizado por la Subsecretaría, que incluye referencias a una “rosca política” y cuestionamientos a los nombramientos. Sostienen que este discurso busca deslegitimar a las universidades públicas, en un contexto donde el Poder Ejecutivo ha minimizado la movilización del 12 de mayo y reafirmado la continuidad de la restricción presupuestaria.
En la Universidad Nacional de La Pampa, esta situación ya presenta consecuencias concretas. Durante la paritaria del 28 de abril, el Rectorado reconoció la imposibilidad de cumplir con los planes de investigación y extensión por falta de financiamiento, lo que obligó a prorrogar el Acta Acuerdo N° 3/2025 sobre Carrera Docente. A esto se suma que más del 70% del personal docente universitario percibe salarios por debajo de la línea de pobreza, las becas estudiantiles perdieron más del 70% de su poder adquisitivo desde 2023 y se acumulan las renuncias de docentes en todo el país.
En este marco, ADU UNLPam ratificó la continuidad del plan de lucha con un paro activo nacional docente universitario, resuelto por la federación CONADU Histórica, para la semana del 26 al 30 de mayo. Durante estos días se realizarán clases públicas, conversatorios y asambleas, manteniendo el reclamo por la “aplicación efectiva e inmediata de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario”. Las futuras medidas se definirán en el plenario federal del 5 de junio.
La Comisión Directiva de ADU UNLPam expresó: “Respaldamos plenamente el comunicado del CIN. La autonomía universitaria no es un privilegio corporativo: es la garantía constitucional de que la universidad pública pueda funcionar sin interferencias políticas del gobierno de turno”.
Asimismo, agregaron que “es contradictorio que el mismo Estado que no aplica la Ley de Financiamiento, que mantiene salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y que devalúa las becas estudiantiles, exija ahora rendiciones de cuentas en 48 horas. Lo que falta en las universidades no es transparencia: es presupuesto”.
Finalmente, concluyeron que “las notas del Subsecretario Álvarez forman parte de un patrón de hostigamiento administrativo que se suma al desfinanciamiento estructural. Cada vez es más claro: no es un problema técnico, es una decisión política sostenida”.
