La Dirección General de Rentas emitió un comunicado en respuesta a las críticas formuladas por la Fundación Pensar y dirigentes del PRO sobre el sistema de Control Automático de Bases Imponibles (C.A.B.I.). Desde el organismo oficial calificaron las afirmaciones como “inexactas” y señalaron que evidencian “un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento y alcance de la herramienta”.
En el texto, se desmintió categóricamente que el sistema genere dificultades en la emisión de guías y Cartas de Porte. Se aclaró que el C.A.B.I. no tiene intervención alguna en la emisión de guías, mientras que las Cartas de Porte son gestionadas a través de sistemas informáticos nacionales administrados por ARCA, sin participación del Gobierno Provincial.
Lejos de generar más burocracia, el organismo defendió que la herramienta fue diseñada para simplificar procedimientos y automatizar controles que antes se realizaban manualmente. Según se informó, el sistema no determina deudas de oficio ni aplica sanciones automáticas, sino que se limita a detectar diferencias objetivas que los contribuyentes pueden explicar o corregir, brindándoles información para regularizar su situación.
Asimismo, se recordó que este tipo de herramientas se utilizan desde hace más de dos años y que el sistema C.A.B.I. está disponible para los contribuyentes desde marzo del año pasado. Recientemente, fue incorporado como requisito para la emisión de nuevos certificados de cumplimiento fiscal con vigencia a partir de junio de este año, medida que alcanzó a menos del 1% de los contribuyentes activos.
El comunicado destacó los resultados positivos de la implementación, subrayando una notable agilización en las compensaciones tributarias, que pasaron de un promedio de seis a diez mensuales a superar las 85 por mes. En total, se realizaron más de 1.000 compensaciones y más de 600 trámites se efectuaron de manera completamente automatizada. Gracias a su funcionamiento, más de 2.100 contribuyentes pudieron corregir su situación fiscal.
Finalmente, desde Rentas expresaron sorpresa ante la solicitud de eliminar una herramienta que, según afirman, moderniza los controles, reduce tiempos administrativos y brinda mayor transparencia. El texto concluye que modernizar el Estado no implica eliminar controles, sino hacerlos “más eficientes, transparentes y ágiles, protegiendo a quienes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales y garantizando reglas claras para todos”.
