En una prolongada sesión ordinaria presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral, la Legislatura de La Pampa aprobó la ley que declara la Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en todo el territorio provincial. La jornada comenzó con un emotivo reconocimiento a Norma Cortés, jefa del Departamento de Taquígrafas, quien se acoge a la jubilación. La diputada Silvia Larreta destacó su extensa trayectoria desde 1985, describiendo su labor como “silenciosa pero fundamental” y resaltando su “profesionalismo, responsabilidad y una enorme calidad humana”. A las palabras de homenaje se sumaron las legisladoras Laura Trapaglia y Sandra Fonseca.
El debate central giró en torno a la nueva ley de emergencia. La diputada Patricia George argumentó sobre la necesidad de la medida, afirmando que “la enorme preocupación que existe por la crisis en salud mental que atraviesa nuestra sociedad” es un reclamo constante. Enumeró problemáticas como “guardias saturadas, aumento de consumos problemáticos, intentos de suicidio, falta de psicólogos, de psiquiatras, de equipos agotados y de familias desesperadas”. George vinculó esta crisis al contexto nacional, sosteniendo que “las decisiones del Gobierno Nacional generan consecuencias profundas sobre la salud mental de nuestra población”, y agregó que el deterioro de los vínculos familiares surge cuando “una familia vive angustiada porque no sabe si llega a fin de mes”.
La legisladora defendió el proyecto, elaborado junto al Ejecutivo, al señalar que incluye mecanismos de control. Explicó que se creará “una mesa de trabajo para la implementación y monitoreo del Plan Provincial de Emergencia” con participación legislativa y que el Ejecutivo deberá informar periódicamente sobre el uso de los recursos. “Por eso no estamos frente a un cheque en blanco para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Estamos frente a una herramienta institucional seria, con control legislativo”, subrayó George, quien también valoró el diálogo con la diputada radical Gisela Cuadrado, cuyos aportes fueron incorporados.
Por su parte, Gisela Cuadrado coincidió en que las estadísticas “se dispararon y desbordaron el sistema de salud” a nivel mundial, nacional y provincial, y remarcó que la juventud es una de las poblaciones más afectadas. “Ellos mismos nos están pidiendo políticas públicas sobre salud mental”, indicó, y compartió una frase que escucha con frecuencia en ese grupo: “Siempre escucho una frase que saben manifestar los pibes: ‘nos sentimos solos’”. Aportó datos de un informe del Observatorio de la Droga, señalando que “el 24,15% de los estudiantes consultó a un profesional por angustia, depresión o problemas emocionales durante el último año” y que “la tasa de suicidio en La Pampa se encuentra por encima de la media nacional”.
Desde la oposición, la diputada Laura Trapaglia manifestó que, si bien su bloque reconoce la problemática, el proyecto “requiere mayor precisión y fundamentación para ser verdaderamente efectivo”. Afirmó que “la salud mental no es un tema partidario”, pero cuestionó la falta de una “justificación adecuada ni suficiente para declarar la emergencia, para crear cargos sin especificación alguna ni comprometer recursos sin la información y los controles necesarios”. Remarcó que la obligación de la Cámara es analizar si las herramientas propuestas son las adecuadas.
La diputada María Luz Alonso defendió la iniciativa como una respuesta a “la única verdad es la realidad”. Citó cifras que, según afirmó, justifican la emergencia: “desde el 2021 al 2025 las consultas de personas sin obra social aumentaron un 48,3%”, las internaciones un 53% y las atenciones por guardia un 82%. Vinculó la crisis a la pandemia y al contexto económico, mencionando la caída en la cobertura del PAMI y que “cayó en un 23% el consumo de medicamentos de salud mental, no porque se curaron, sino porque no los pueden pagar”. También criticó los recortes presupuestarios del gobierno nacional en el área y concluyó: “No hay política pública más urgente que aquella que salve una vida”.
Finalmente, el diputado León Nicanoff respaldó el proyecto y criticó a la oposición al contrastar la situación pampeana con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, según afirmó, “el Hospital Borda y el Hospital Moyano, que han sido hospitales de excelencia en el tratamiento de los trastornos mentales, hoy están desmantelándose y siendo incorporados a negocios inmobiliarios”. También cuestionó la coherencia de discursos sobre narcotráfico, aludiendo a que “los especialistas en el mundo están diciendo que hace rato se perdió la guerra contra las drogas”.
Durante la sesión también se aprobaron otras iniciativas por unanimidad, como la ley que obliga a incluir la leyenda de la “Línea 144” en los recibos de haberes y resoluciones que declararon de interés legislativo diversas publicaciones y eventos. Además, se aprobó un reconocimiento al ciudadano Agustín Martino por un acto heroico en Necochea y se realizaron solicitudes al Poder Ejecutivo para crear un Centro de Formación Profesional en Catriló, realizar obras de repavimentación en el acceso a las Salinas Grandes de Hidalgo, efectuar reparaciones en colegios de Alpachiri y General Manuel J. Campos, y restablecer un servicio de transporte de pasajeros, entre otros pedidos.
Por mayoría, se aprobó una resolución de respaldo a la acción de amparo colectivo ambiental impulsada por el Ejecutivo Provincial contra la modificación de la Ley Nacional de Glaciares. El diputado Hernán Pérez Araujo defendió la medida como una “política de Estado” y argumentó que la nueva ley nacional es nula por “incumplimientos procesales”. Sostuvo que la modificación vulnera el “federalismo de concertación” al transferir facultades a las provincias. “Poner en manos de provincias como Mendoza y San Juan la definición de qué se protege y qué no es como poner al zorro a cuidar a las gallinas”, expresó, advirtiendo sobre el impacto en las cuencas hídricas compartidas con La Pampa.
