El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa concedió un recurso federal a los fiscales provinciales que buscan revertir una sentencia que habilitaba la libertad condicional de un condenado a perpetua, desafiando los límites del Código Penal.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa decidió abrir la vía para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva una profunda controversia penal: ¿pueden los condenados a prisión perpetua por delitos graves acceder a la libertad condicional? La Sala B del STJ concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la ejecución de pena de Enrique Ariel Obejero.
El conflicto legal estalló el 8 de abril de 2026, cuando el STJ pampeano emitió un fallo que sacudió los cimientos del sistema penal: declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1 (segunda parte) del Código Penal. Esta norma nacional prohíbe explícitamente el beneficio de la libertad condicional para ciertos delitos de extrema gravedad. Sin embargo, en ese momento se argumentó que privar al interno de cualquier posibilidad de egreso anticipado vulneraba el principio constitucional de “resocialización” y los tratados internacionales de derechos humanos.
La respuesta no se hizo esperar. Los fiscales Máximo Paulucci, Guillermo Sancho y Marisol Rodríguez recurrieron la medida acusando a la justicia de extralimitarse y sustituir la voluntad de los legisladores. Según la fiscalía, el hecho de que se prohíba la libertad condicional no convierte a una pena en cruel o degradante, ya que existen otros mecanismos de revisión y beneficios intramuros que garantizan el fin resocializador sin necesidad de soltar al reo prematuramente.
Frente al peso institucional de la disputa, los jueces Fabricio Losi y María Verónica Campo reconocieron este martes que el planteo fiscal, al cuestionar la vigencia de una ley federal y el principio de división de poderes, cumple con los requisitos para ser evaluado por el más alto tribunal del país.
De esta manera, el futuro de Obejero y la firmeza real de las condenas a prisión perpetua en la Argentina quedan en suspenso, a la espera de que la Corte Suprema trace la línea definitiva entre el castigo, el cumplimiento efectivo de la pena y los derechos de los condenados.
