Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras reconocer que manoseó a una niña de 11 años que había quedado a su cuidado en Miguel Riglos. A pesar del rechazo formal de la Asesoría de Menores, la jueza homologó el pacto.
Un fallo causa conmoción en la localidad pampeana de Miguel Riglos. La Justicia lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por haber abusado de una niña de 11 años. El agresor no era un desconocido, sino el amigo del padre de la víctima, quien le había confiado el cuidado de la menor ante una urgencia.
Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2025, cuando el padre de la niña quedó demorado temporalmente en la comisaría local y le pidió a Pedernera que cuidara de su hija en su casa. Según la investigación judicial, apenas quedaron solos, el hombre aprovechó la extrema vulnerabilidad de la menor para agredirla sexualmente, llevándola a la fuerza a una habitación mientras la desnudaba. Luego de manosearla, le impuso un brutal mandato de silencio: “No digas nada porque te voy a matar a vos y a tus abuelos”.
Días después, desbordada por la angustia, la niña se refugió en la casa de una vecina, a quien le develó el calvario que había sufrido. Su relato fue sostenido posteriormente de manera contundente ante trabajadoras sociales y peritos en Cámara Gesell, evidenciando graves secuelas psicológicas, pesadillas y temor generalizado a las figuras masculinas.
Cambio de carátula y polémica
En un principio, la investigación se perfiló hacia un abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, pruebas médicas incorporadas a la historia clínica de la niña llevaron al Ministerio Público Fiscal a rebajar la calificación legal a “abuso sexual simple agravado por la guarda”.
Frente a este escenario probatorio, el imputado optó por acogerse a la figura del juicio abreviado, una vía rápida en la que confiesa el delito a cambio de una pena pactada. El acuerdo fue consensuado entre la Fiscalía y el abogado defensor Claudio Martínez Sabio. Al no poseer antecedentes, la pena estipulada fue de tres años condicionales y pautas de conducta, que incluyen una estricta prohibición de acercamiento y la obligación de realizar tratamiento psicológico.
El arreglo chocó de frente con las autoridades protectoras de la infancia. La Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección Provincial de Niñez presentaron su férrea oposición al acuerdo, reclamando el resguardo de los derechos de la menor frente a una resolución considerada insatisfactoria para la gravedad del hecho.
Sin embargo, la jueza de Control María Elena Grégoire decidió homologar el pacto y dictar la sentencia condenatoria. En sus fundamentos, la magistrada consideró que el acuerdo garantizaba una condena firme con medidas protectorias y evitaba exponer a la niña a la dolorosa revictimización de un debate oral. Actualmente, la menor fue reubicada y se encuentra contenida en un dispositivo de la Secretaría de Niñez.
