El Tribunal de Impugnación Penal invalidó la acusación privada contra una mujer y dos hombres denunciados por robar más de 170.000 kilos de carne. Un tecnicismo sobre la vigencia del Código Procesal salvó a los acusados y devuelve la causa al archivo dictado por la Fiscalía.
Una denuncia por una estafa millonaria en el ámbito rural pampeano acaba de quedar en la nada tras un fallo del Tribunal de Impugnación Penal (TIP). La jueza sustituta María Antonella Marchisio declaró la invalidez de todo lo actuado por la querella en una causa donde se investigaba el robo sistemático de animales de gran porte, que presuntamente eran sustituidos en el campo por otros de menor peso. Según la acusación, esta minuciosa logística habría defraudado a los denunciantes en más de 170.000 kilos de carne.
El conflicto enfrentaba a un productor contra una mujer y los hermanos. La supuesta estafa habría ocurrido entre 2018 y 2019, bajo el paraguas legal de un contrato de capitalización de hacienda. Tras las reiteradas negativas del Ministerio Público Fiscal para investigar el hecho —al considerarlo un mero incumplimiento contractual que debía dirimirse en el fuero civil—, el querellante había logrado asumir el rol de acusador privado y llevar a los imputados a las puertas de un juicio oral.
Sin embargo, la reciente sentencia del TIP derrumbó el esfuerzo de las víctimas basándose en un estricto criterio técnico: la irretroactividad de la ley. La jueza explicó que los hechos denunciados ocurrieron bajo la vigencia de la antigua Ley 2287, un código que no permitía a las víctimas seguir adelante con el juicio si la Fiscalía decidía archivar la causa. Aunque la nueva ley penal (vigente desde febrero de 2020) sí permite la “conversión de la acción”, aplicarla a hechos ocurridos en el pasado perjudicaría los derechos y garantías de los acusados sumando un acusador extra que no existía al momento de los hechos.
De este modo, el tribunal anuló la acusación, la formalización y todos los actos judiciales posteriores, regresando el expediente al punto de partida: el archivo fiscal confirmado en 2022. La Justicia pampeana ratifica así un límite temporal infranqueable, dejando este escándalo ganadero exclusivamente reservado para los pasillos del fuero civil.
