El agresor ya tenía antecedentes penales por violencia de género contra la misma mujer, incluyendo un episodio en el que la atropelló con una camioneta. La Justicia de General Pico le impuso dos años de cárcel efectiva y lo declaró reincidente.
Un ingeniero de 48 años radicado en General Pico fue condenado a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento tras ser hallado culpable de agredir físicamente y amenazar a su expareja. La sentencia fue dictada por la jueza de Audiencia María José Gianinetto, quien además lo declaró reincidente debido a su alarmante prontuario: ya sumaba dos condenas previas por violencia machista contra la misma víctima.
El calvario de la mujer se extendió durante siete años, en los cuales sufrió violencia física, psicológica, simbólica y económica. Durante el juicio oral, se revelaron escalofriantes detalles del nivel de sometimiento que padecía. Según consta en el expediente, incluso cuando el agresor se encontraba detenido cumpliendo una condena anterior, la obligaba a pasar las noches conectada por videollamada para monitorear cada uno de sus movimientos. La manipulaba sistemáticamente y amenazaba con dejarla en la calle, quitarle a sus hijos o dejarla “en silla de ruedas” si se atrevía a denunciarlo.
El hecho que derivó en esta nueva condena ocurrió la noche del 20 de agosto de 2024 en el departamento en el que convivían. Tras una fuerte discusión, el acusado le propinó golpes que le causaron traumatismos en el brazo, la muñeca y la mano derecha. Aunque un vecino alertó a la policía al escuchar el altercado, cuando los agentes llegaron, el agresor se escondió en el baño. La víctima, paralizada por el terror, minimizó el hecho ante los uniformados, quienes de todas formas advirtieron sus lesiones.
Gracias al acompañamiento psicológico y al trabajo sostenido del Servicio Regional de Violencia Familiar, la mujer logró romper el silencio semanas después y radicó la denuncia formal. En su testimonio ante la Justicia, relató que vivía completamente aislada y aterrorizada.
Durante los alegatos de clausura, la fiscal Ana María Ballari había solicitado 10 meses de prisión, mientras que la querella particular y la querella de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad exigieron dos años. La magistrada se inclinó por el pedido más severo al no encontrar atenuantes y remarcar el total menosprecio del condenado por las reglas impuestas en sus procesos anteriores.
Además de la condena tras las rejas, la jueza Gianinetto ordenó que el ingeniero realice de manera obligatoria un tratamiento psicológico especializado mientras dure su pena, con el objetivo de evitar la repetición de estos actos de violencia extrema.
