El Gobierno de La Pampa desmintió las afirmaciones realizadas este miércoles por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró en el Congreso que no existen registros de solicitudes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) efectuadas por la Provincia. Según informaron las autoridades pampeanas, se cursaron tres notas formales y ninguna tuvo respuesta.
La declaración del funcionario nacional generó sorpresa, ya que La Pampa ha presentado en reiteradas oportunidades pedidos formales de asistencia financiera por las vías institucionales correspondientes, sin obtener hasta el momento contestación por parte del Estado nacional. Durante su exposición legislativa, Adorni sostuvo que la Dirección de Asistencia y Política Demográfica no registra notas pendientes de tramitación.
Sin embargo, la documentación oficial remitida por la Provincia contradice de manera categórica esas expresiones. El gobierno pampeano detalló el envío de la Nota NO-2025-00151237-GLP-GPLP, de fecha 23 de mayo de 2025; la Nota SG N° 40/2025, del 1 de octubre de 2025; y una tercera nota dirigida al Ministerio del Interior, fechada el 19 de febrero de 2026.
Los pedidos estuvieron vinculados a situaciones de extrema gravedad, como el fuerte desequilibrio financiero provocado por decisiones fiscales del Gobierno nacional que redujeron los recursos coparticipables. También se reclamó por el incumplimiento en la asistencia para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas y por la necesidad urgente de acompañamiento económico tras el temporal del 18 de febrero de 2026 que ocasionó importantes daños en Santa Rosa y Toay.
Desde La Pampa se subrayó que ninguna de las tres notas recibió contestación formal, ni siquiera una negativa, lo que evidencia no solo la falta de asistencia, sino también la ausencia total de respuesta institucional. Calificaron de “inadmisible” que, mientras se profundiza el ajuste sobre las provincias, desde Nación se niegue la existencia de pedidos documentados.
El Gobierno de La Pampa ratificó que seguirá defendiendo los intereses de sus habitantes y reclamando, por las vías institucionales que corresponden, los recursos que el Gobierno nacional continúa demorando o negando.
