Lucas Cassou, profesional del hospital de Trenel, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica. El Gobierno provincial le había negado una licencia excepcional argumentando que la ley lleva 15 años sin reglamentarse. El Superior Tribunal de Justicia tomó el caso y mantuvo la medida cautelar que protege sus ingresos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa resolvió tomar intervención directa en el dramático caso de Lucas Javier Cassou, un odontólogo del establecimiento asistencial “Dr. Guillermo Rawson” de Trenel que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se encuentra en una dura batalla legal contra el Estado provincial para no quedarse sin sustento económico.
El conflicto se originó cuando Cassou, debido al severo y progresivo deterioro motriz que le causa la enfermedad neurodegenerativa, solicitó una licencia por largo tratamiento sin límite temporal. La normativa vigente (Ley 2564) contempla este beneficio para patologías asimilables a las oncológicas. Sin embargo, en una respuesta insólita, el Ministerio de Hacienda y Finanzas le denegó el derecho argumentando que el Poder Ejecutivo nunca reglamentó la norma, una omisión estatal que se prolonga por más de quince años.
Frente al inminente fin de su licencia estándar y el consecuente corte de sus ingresos alimentarios, el profesional presentó un amparo judicial. Inicialmente, un juez civil de primera instancia se declaró incompetente, pero, entendiendo la urgencia humanitaria, dictó una medida cautelar ordenando a la Provincia que garantice la continuidad del salario.
Ahora, la Sala C del STJ definió que el caso debe tramitarse formalmente bajo el fuero contencioso-administrativo y le otorgó cinco días al demandante para adecuar el expediente. Sin embargo, en la decisión más vital para el paciente y su familia, el máximo tribunal provincial ratificó la vigencia de la medida cautelar. De este modo, el Estado pampeano tiene prohibido modificar la situación de revista de Cassou y deberá seguir depositando la totalidad de sus haberes hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la falta de reglamentación que le impide acceder a su derecho.
