El fiscal general Armando Agüero dispuso este lunes el archivo de las actuaciones iniciadas a raíz de una denuncia del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa. La investigación, que involucraba al Club Ferro Carril Oeste de General Pico y a la Liga Pampeana de Fútbol por irregularidades en la rendición de un subsidio, concluyó que no existió delito ni perjuicio económico para el Estado provincial.
La causa, caratulada como “Ministerio Público Fiscal s/ Fraude a la Administración Pública”, se originó cuando el Tribunal de Cuentas detectó anomalías durante el control de la documentación presentada por la Liga Pampeana de Fútbol. Según la denuncia inicial, el Club Ferro Carril Oeste había presentado en dos oportunidades una factura del mismo proveedor, un transportista, con idéntico número y código de autorización (CAE), pero con conceptos y montos totalmente distintos.
El foco del conflicto estaba en una factura por 2,9 millones de pesos, fechada el 20 de diciembre de 2024, bajo el concepto de “traslado a Santa Rosa”. Sin embargo, existía otra factura con el mismo número, abonada el 9 de diciembre, por 900 mil pesos y referida a un “traslado a Trenel-Winifreda y Jacinto Arauz”. Al ser citado a declarar y exhibírsele ambos documentos, el propio proveedor reconoció la factura de 900 mil pesos, pero desconoció por completo haber confeccionado y emitido la de 2,9 millones, la cual resultó ser apócrifa.
La defensa del club y la mecánica de los subsidios
A lo largo de la investigación judicial, se recibieron informes y testimonios clave, entre ellos una presentación espontánea de quien presidía el Club Ferro en aquel momento.
La defensa de los dirigentes se centró en explicar la imposibilidad fáctica de cometer un fraude contra el Estado mediante esta maniobra. Argumentaron que la metodología de pago de los subsidios otorgados por la Secretaría de Deportes, a través de la Liga Pampeana, contempla montos fijos y preestablecidos de acuerdo a la participación y rendimiento de cada club.
En este caso puntual, el monto que le correspondía percibir a la institución verdolaga era de $430.000. Según detalló el expresidente en su descargo: “La mera incorporación de facturas que superen el monto estipulado del subsidio no modifica lo que la institución o la Liga Pampeana recibirán. Son montos ya definidos, independientemente de los recibos de gastos que se presenten”. Además, aclaró que el club no llegó a cobrar ni siquiera ese monto original porque la rendición no estaba en regla.
La resolución de la Fiscalía
Tras analizar la prueba y los testimonios, el fiscal Armando Agüero determinó que, si bien en la investigación no se pudo identificar quién fue el autor material de la adulteración de la factura, el hecho no configura un delito penal.
La Fiscalía concluyó que, debido al sistema de rendición de gastos donde los montos a pagar ya se encuentran prefijados independientemente de los gastos reales, era “imposible que una maniobra como la descripta por el Tribunal de Cuentas pudiera tener éxito”. Agüero respaldó la postura de que el episodio pudo tratarse de “una desprolijidad o bien cualquier otra maniobra burda, que en modo alguno pudiera tener éxito gravoso para el Estado Provincial”.
Finalmente, destacando el rápido y efectivo accionar preventivo del Tribunal de Cuentas para detectar la irregularidad documental, el fiscal desestimó la afectación al principio de lesividad (es decir, no hubo daño real al patrimonio público). Por tal motivo, se ordenó el archivo definitivo de las actuaciones.
