Durante la jornada del 11 de marzo de 2026, las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Asuntos Agrarios de la Legislatura pampeana se reunieron para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial. La iniciativa busca que la empresa estatal Pampetrol asuma el control del área petrolera El Medanito por un plazo de 24 meses. Ante esto, el bloque de Comunidad Organizada expresó un contundente rechazo, advirtiendo sobre las irregularidades legales de la medida.
El diputado provincial Maximiliano Aliaga, en representación de su bloque, argumentó que Pampetrol no cuenta con la capacidad estructural ni económica para hacer frente a los costos de mantenimiento operativo del yacimiento. Asimismo, destacó que la empresa estatal tampoco está en condiciones de delegar esta responsabilidad a contratistas, ya que, según declaraciones de la propia gerencia de la firma, estas últimas tampoco poseen la preparación técnica necesaria a largo plazo.
Violación a la Ley de Hidrocarburos y falta de transparencia
Uno de los puntos más álgidos del reclamo se centra en la legalidad de la adjudicación directa. Aliaga fue categórico al remarcar que la Ley Nacional de Hidrocarburos exige que toda concesión de explotación se realice mediante un proceso de licitación pública y abierta. Entregar el área a Pampetrol mediante una simple ley provincial, según el legislador, constituiría un acto ilegal impulsado por el oficialismo.
Desde la bancada opositora adelantaron que no acompañarán ninguna propuesta del Ejecutivo que no contemple un llamado a licitación de alcance nacional e internacional. Además, Aliaga denunció la existencia de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Pampetrol y Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., un contrato que se mantiene bajo un estricto hermetismo a pesar de involucrar bienes y recursos del Estado pampeano.
Incertidumbre internacional y el conflicto con Refi Pampa
El legislador también analizó el contexto global, marcado por la alta volatilidad del precio internacional del barril de petróleo debido a los actuales conflictos bélicos. Para Aliaga, este escenario de incertidumbre es una razón adicional para llevar adelante un proceso licitatorio transparente que ordene la transición del área de manera competitiva.
En el ámbito judicial, se anunció la presentación de un escrito en el Juzgado de General Acha, en el marco del concurso preventivo de la empresa Refi Pampa. Comunidad Organizada cuestiona el rol de Pampetrol en la provisión de crudo a la firma concursada y puso el foco en una escisión societaria previa que dio origen a la empresa Sinchicuna S.A., generando sospechas sobre los movimientos financieros previos a la cesación de pagos.
Deudas con superficiarios y advertencia final
Otro de los graves problemas expuestos fue la situación de los superficiarios pampeanos. Aliaga denunció que los dueños de los campos donde opera Pampetrol han dejado de cobrar en tiempo y forma los pagos correspondientes por servidumbre de paso. Este antecedente, indicó, genera una profunda desconfianza hacia la empresa estatal como garante de la continuidad en El Medanito.
A modo de alternativa, el diputado propuso convocar a la Legislatura al intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, para que exponga un proyecto de su autoría destinado a licitar el área petrolera en cuestión.
Finalmente, desde Comunidad Organizada lanzaron una dura advertencia: si el oficialismo avanza con la adjudicación directa a la SAPEM estatal, elevarán las denuncias correspondientes ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial Federal. Como medida de fuerza, el bloque confirmó que no dará quórum ni participará de ninguna sesión legislativa donde se intente convalidar lo que consideran una flagrante violación legal.
