La crisis laboral derivada de los despidos masivos en el Frigorífico Pico suma un nuevo capítulo. En una reciente audiencia de conciliación, la empresa propuso abonar las indemnizaciones en hasta 18 cuotas, oferta que fue rechazada de plano por el Sindicato de la Carne. Mientras tanto, la preocupación crece en General Pico, Trenel y Arata ante un panorama laboral complejo que cerró el 2025 con casi 800 trabajadores fuera del sistema formal.
Javier Thomsen, delegado de Relaciones Laborales en General Pico, confirmó los detalles del encuentro celebrado en la delegación local. Según explicó, la reunión contó con la participación de los representantes del gremio y los apoderados legales de la firma, quienes reciben directivas directamente desde las oficinas de los propietarios en Buenos Aires.
El eje de la discordia fue la modalidad de pago. La patronal ofreció liquidar las indemnizaciones en 12 cuotas para aquellos empleados con menos de cinco años de antigüedad, y en 18 cuotas para quienes superan ese tiempo en la empresa. Como agravante, el primer desembolso recién se concretaría en la primera semana de abril.
“La mayoría del asalariado no tiene una holgura económica como para poder esperar”
El sindicato consideró los plazos excesivos y exigió una propuesta superadora para destrabar el conflicto. La urgencia apremia: los trabajadores cobraron el mes de diciembre en cuotas y en enero apenas percibieron una suma que no llegó a cubrir el salario básico.
Thomsen remarcó que, si bien el gremio lleva adelante las negociaciones oficiales, muchos empleados se acercan a la delegación buscando respuestas o deciden iniciar acciones legales por su cuenta. Mientras aguardan una resolución, las familias afectadas intentan rebuscársela para afrontar los compromisos económicos que habían asumido antes de ser sorprendidos por la decisión empresarial.
Un panorama que excede al frigorífico
Aunque el conflicto de la carne acapara la atención por su masividad, la pérdida de puestos de trabajo golpea a diversos sectores en La Pampa. El delegado reveló que el año 2025 cerró con 670 expedientes iniciados en su dependencia, lo que se traduce en 778 personas que salieron del circuito laboral.
Entre los rubros más castigados se encuentra el personal de casas particulares, especialmente quienes cuidan a adultos mayores. La crisis económica obliga a las familias a prescindir de estos servicios y repartirse las tareas de cuidado entre los propios parientes. El sector rural, que incluye a tractoristas y peones de campo, también registra un movimiento constante de desvinculaciones.
Por otro lado, el comercio barrial presenta una dinámica particular fuertemente vinculada a la informalidad. “Viene gente que la tienen en negro hace uno o dos años, quieren regularizar su situación laboral y, por lo general, el empleador los despide”, detalló Thomsen.
A pesar de este duro escenario, el nivel de juicios laborales es bajo, oscilando apenas entre un 2% y un 4%. La gran mayoría de los conflictos terminan en acuerdos privados entre las partes. Sin embargo, el funcionario dejó una cruda reflexión sobre esta realidad para cerrar: “La persona puede llegar a un arreglo con unos pesos en el bolsillo, pero queda afuera y tiene que volver a reinsertarse en el circuito laboral”.
