La crisis por la superpoblación carcelaria en la provincia de La Pampa volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones del Juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual. En diálogo con InfoPico Radio 99.9, el magistrado describió un panorama crítico en las comisarías y alcaidías locales, donde la falta de cupos en el Servicio Penitenciario Federal ha obligado a alojar a condenados junto a personas que aún están siendo procesadas, generando un caldo de cultivo para la violencia y dificultando la reinserción.
Pascual fue tajante al describir la realidad que se vive en los lugares de detención, asegurando que “hablar de números sería redundante” porque el hacinamiento ya es una constante conocida. Sin embargo, el foco de su preocupación no es solo la cantidad de internos, sino la calidad del alojamiento y la mezcla de perfiles criminales.
“Imaginate en un mismo pabellón o en una misma celda a una persona condenada a prisión perpetua por un homicidio, con un delincuente primario que recién ingresa. El tratamiento que corresponde darle a cada uno tiene que ser sí o sí diferenciado”, sentenció el juez.
Esta convivencia forzada entre condenados con sentencia firme y personas sujetas a proceso penal contraviene los principios básicos de la ejecución de la pena. Según explicó el funcionario judicial, los condenados deberían estar en establecimientos penitenciarios custodiados por personal especializado, y no en dependencias policiales bajo la mirada de agentes cuya función principal es la prevención del delito en las calles.
La policía, desbordada y cumpliendo funciones ajenas
Uno de los puntos críticos que señaló Pascual es el rol que se le está exigiendo a la fuerza policial pampeana. “El personal policial está destinado para la función de prevención y seguridad, no al cuidado de condenados”, explicó. A pesar de reconocer que los efectivos realizan la tarea “con total profesionalismo y con los medios que tienen”, advirtió que esto resiente el servicio de seguridad en la vía pública y expone a las comisarías a situaciones de violencia interna, como los incidentes registrados recientemente en la Alcaidía local.
Convenio con San Luis y la necesidad de una cárcel provincial
Al ser consultado sobre el convenio firmado con la provincia de San Luis para el traslado de presos, Pascual confirmó que la medida fue un paliativo de corto alcance. El cupo de 40 internos asignado oportunamente “ya está totalmente cubierto” y no se ha ampliado, lo que deja a la provincia nuevamente sin válvulas de escape para descomprimir las dependencias locales.
Para el juez, la solución de fondo requiere una decisión política clara: “La provincia de La Pampa se tiene que poner a pensar sobre la ejecución de la pena”. Esto implicaría la construcción de un establecimiento penitenciario provincial o lugares destinados específicamente para el cumplimiento de condenas, evitando así que las comisarías funcionen como cárceles de facto.
Finalmente, Pascual lamentó la falta de convocatoria por parte del Ministerio del área para abordar esta problemática de manera integral. “No se adoptan medidas para tratar de que se aborde esta situación”, concluyó, advirtiendo que mientras no se generen nuevos cupos o infraestructura, los hechos de violencia y el hacinamiento seguirán siendo moneda corriente en la provincia.
