La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió un comunicado oficial manifestando su enérgico rechazo y profunda preocupación ante el grave atentado ocurrido recientemente en el Juzgado de Garantías N°5 de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. En un episodio de violencia explícita, un grupo de personas armadas con cuchillos irrumpió en la sede judicial y amenazó de muerte al juez Nicolás Schiavo.
Desde la organización que nuclea a magistrados de todo el país, calificaron el hecho como de una "violencia inédita y alarmante". Advirtieron que no debe interpretarse como un simple episodio aislado de inseguridad, sino como un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y a la capacidad del Estado para aplicar la ley y proteger a la ciudadanía.
Vulnerabilidad en las sedes judiciales
El comunicado destaca que es imposible garantizar un servicio de justicia independiente si aquellos funcionarios encargados de decidir sobre la libertad y la seguridad de las personas se encuentran expuestos a represalias físicas dentro de sus propios despachos. En este sentido, la Red señaló que la falta de medidas de seguridad adecuadas en los edificios judiciales de Argentina constituye una "vulnerabilidad estructural".
Esta situación pone en riesgo no solo la integridad física de los jueces, juezas, trabajadores y los propios justiciables, sino que afecta directamente la calidad institucional y las expectativas que la sociedad deposita en la democracia constitucional.
Exigencias y medidas urgentes
Ante la gravedad de lo sucedido, la Red de Juezas y Jueces Penales planteó una serie de exigencias concretas a las autoridades:
En primer lugar, solicitaron garantías de seguridad efectivas, mediante el diseño y ejecución de protocolos de protección real en todas las sedes judiciales del territorio nacional. Asimismo, hicieron hincapié en la protección de la independencia judicial, remarcando que "un juez amenazado es una justicia condicionada", y que dicha independencia es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio de los magistrados.
Por otro lado, instaron a las autoridades políticas a demostrar un compromiso institucional tangible, dotando a los tribunales de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para evitar que se conviertan en "zonas liberadas".
Solidaridad y pedido a la Suprema Corte
Finalmente, la entidad solicitó la intervención urgente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para que actúe con firmeza y tome las acciones necesarias para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.
El organismo cerró su mensaje expresando su absoluta solidaridad con el Dr. Nicolás Schiavo, integrante de la Red, y con todo el personal del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, reafirmando la convicción de trabajar por una justicia sin condicionamientos externos como pilar de la sociedad democrática.
