El diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauschenberger, se pronunció respecto a la nueva disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la asignación de fondos destinados a los Bomberos Voluntarios de todo el país. En un posteo realizado en sus redes sociales, el legislador pampeano aclaró los alcances de la medida y cuestionó la falta de ejecución de partidas presupuestarias previas por parte del Gobierno nacional.
Una obligación legal, no una elección
Rauschenberger hizo hincapié en que la distribución de estos recursos no responde a una voluntad política coyuntural ni a la situación de emergencia ígnea actual, sino al cumplimiento de una normativa vigente. “Algunas cuestiones son importantes aclarar: estos son fondos que obligatoriamente el Gobierno nacional tiene que distribuir; lo obliga la Ley 25.054 del año 1998, modificada en 2014”, explicó el diputado.
En esa línea, el funcionario detalló que esta acción administrativa “es lo que se tiene que hacer haya o no incendios, haya o no emergencia ígnea”. Además, advirtió sobre la metodología de pago establecida en la normativa reciente: “Son fondos que no los transfieren en forma inmediata, sino a medida que se vayan recaudando, tal como lo establece el artículo 8 de la resolución”.
Reclamo por fondos adeudados
Uno de los puntos más críticos de la intervención del diputado pampeano giró en torno a la subejecución de partidas del período anterior. Rauschenberger señaló que, más allá de los anuncios, existe una deuda pendiente con el sistema de protección civil. “Si realmente les interesara el Sistema Nacional de Bomberos, hoy mismo podrían transferir los más de 43 mil millones de pesos que no distribuyeron el año 2025 en concepto de cuarta cuota”, sentenció.
El legislador fue contundente al afirmar que esa retención de recursos tuvo un fin financiero: “Por lo cual, los bomberos aportaron al superávit fiscal del Gobierno nacional”.
Detalles de la Resolución
La normativa en cuestión, identificada como la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, establece formalmente la distribución de subsidios tanto a las asociaciones de bomberos voluntarios como a las entidades provinciales. El monto total asignado asciende a $100.810.319.998,50, una cifra que tiene por objetivo la compra de equipamiento y materiales insumos para la lucha contra el fuego y la protección civil en todo el territorio argentino.
