La Legislatura de La Pampa aprobó por unanimidad en una sesión extraordinaria el convenio de financiamiento suscripto entre la provincia y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, ratifica el acuerdo alcanzado en el marco de un reclamo judicial iniciado por el gobierno pampeano contra el Estado Nacional por la interrupción de transferencias para cubrir el déficit del sistema previsional provincial.
El acuerdo tiene su origen en una acción judicial promovida por el Instituto de Seguridad Social de La Pampa, luego de que en 2024 se interrumpieran de manera definitiva los anticipos mensuales que ANSES debía transferir a la Provincia. La fiscal de Estado, Romina Schmidt, explicó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto que la demanda buscaba restablecer los pagos y realizar las auditorías pendientes. “Ante esa situación, se promovió una acción judicial contra el Estado Nacional y el organismo previsional, con el objetivo de que se restablezcan los pagos y se realicen todas las auditorías pendientes, para que los montos adeudados sean abonados en función de los resultados de esas evaluaciones”, indicó.
Schmidt detalló que, junto a la demanda principal, se solicitó una medida cautelar para la reanudación urgente de los adelantos. Tras múltiples escritos presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se concretó una audiencia de conciliación. Durante dicho encuentro, el Estado Nacional “manifestó su intención de formular una propuesta vinculada a un esquema de anticipos de pagos”. A partir de ese momento, se iniciaron negociaciones técnicas entre los equipos del Instituto de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y ANSES, que culminaron en el convenio finalmente suscripto y presentado ante el máximo tribunal.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, precisó que el acuerdo contempla anticipos a cuenta de los déficits previsionales y no el cierre definitivo de la deuda. Según explicó, se acordó un adelanto de 2.500 millones de pesos por los déficits del período 2017–2021 y otro de 60.000 millones de pesos a cuenta de los déficits 2022–2025, que serán abonados en 12 cuotas mensuales durante 2026. Bisterfeld destacó que ANSES valoró el sistema previsional pampeano y el fluido intercambio de información, lo que convierte a La Pampa en una de las “pocas provincias” sin divergencias significativas en los datos. Además, informó que “continúan las negociaciones con ANSES para cerrar los déficits correspondientes a los años 2017–2021 y avanzar con las simulaciones del período 2022 en adelante”.
Durante el debate legislativo, el diputado Daniel Lovera, miembro informante del oficialismo, aclaró que “este acuerdo no pone fin al litigio judicial, sino que se trata de un convenio parcial de pago que suspende el proceso”. Subrayó que los fondos “tienen una asignación específica: garantizar el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social y sostener prestaciones esenciales como salud, educación, el pago de salarios de los agentes provinciales y los haberes” del sector pasivo. Concluyó que el convenio “representa un paso importante en la ratificación del compromiso histórico de La Pampa” y “un avance en el reconocimiento de la deuda del Estado Nacional, sin que la provincia renuncie a ninguno de sus derechos”.
Desde la oposición, el diputado Hipólito Altolaguirre valoró el reconocimiento de la deuda por parte del Estado Nacional, pero manifestó diferencias sobre el destino de los fondos. Si bien se mostró de acuerdo con los porcentajes asignados a los municipios por coparticipación y a la Dirección Provincial de Vialidad, consideró que se perdió “una oportunidad histórica para empezar a sanear el déficit del Instituto de Seguridad Social”. Advirtió que “se trata de fondos de origen previsional que se van a destinar a otros fines”, lo que podría llevar a que “seguramente el año que viene vamos a estar con el mismo inconveniente”.
A pesar de sus objeciones, Altolaguirre confirmó el respaldo de su bloque al proyecto. “Vamos a acompañar este proyecto con la firme convicción de que se trata de una deuda que Nación mantiene con la provincia, generada a lo largo del tiempo por distintos gobiernos nacionales”, expresó. Aclaró que este apoyo se da “dejando en claro que este acuerdo no implica la extinción total de la deuda”, sino que, como señaló la Fiscalía de Estado, “se trata solamente de una cancelación parcial”.
Por su parte, el diputado Espartaco Marín defendió la estrategia del gobierno provincial, contrastándola con la de otros mandatarios que asistieron a actos protocolares sin obtener resultados. “Mientras algunos gobernadores se sacaban una foto, el gobernador de La Pampa iniciaba en abril de 2024 una acción judicial que hoy se traduce en una orden de la Corte para avanzar en una conciliación”, afirmó. Marín rechazó las críticas sobre la asignación de los recursos, al sostener que “la afectación está claramente establecida en el artículo cuarto” y que los fondos se destinarán “a salud, educación, salarios de los agentes provinciales y al déficit del Instituto de Seguridad Social”. Finalmente, planteó la necesidad de trabajar para que la caja previsional provincial sea superavitaria.
