En el marco del Primer Encuentro Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos realizado en la UBA, la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas de La Pampa, Vanesa Torres Nowak, expuso datos provinciales que revelan una marcada desigualdad de género en el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Según la información presentada por el organismo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, entre 2006 y 2025 se contabilizó un total estimado de 397 inscripciones en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios (RPDA). De estas, 345 se encuentran actualmente activas, mientras que 52 fueron canceladas por cumplimiento, prescripción o fallecimiento del deudor. El dato más contundente es que 393 de las inscripciones correspondieron a varones y solo cuatro a mujeres, todas ellas abuelas con obligación alimentaria. Además, se identificaron 25 personas reincidentes, con más de un expediente, lo que evidencia trayectorias de incumplimiento prolongado.
La dimensión del trabajo del Registro se refleja en la emisión de certificados de libre deuda. Entre 2018 y 2025, la Dirección General del Registro Civil emitió más de 104.000 de estos certificados, tanto individuales como a través de solicitudes web, lo que generó casi 400.000 consultas a la base de datos provincial. Estos documentos son requisito para trámites como concursos públicos, licitaciones, habilitaciones comerciales, licencias de conducir y designaciones de personal, convirtiendo al RPDA en una herramienta de uso diario para el Estado y la ciudadanía.
La implementación en La Pampa se destaca por su descentralización y accesibilidad. Los certificados pueden solicitarse en cualquier oficina del Registro Civil del interior, por correo electrónico institucional o mediante la plataforma Ciudadanía Pampeana Digital (CiPADI), con tiempos de respuesta que suelen ser inferiores a un día hábil.
El RPDA se consolida como una herramienta indispensable para combatir la violencia económica, una de las más extendidas en el país. Su funcionamiento se basa en tres ejes: inscribir a quienes adeudan alimentos fijados judicialmente, visibilizar dicho incumplimiento a través de los certificados y vincular esa falta a consecuencias concretas en trámites bancarios, habilitaciones, licencias y designaciones estatales.
