En un contexto social atravesado por la crisis económica, el aumento de la conflictividad y el crecimiento de la demanda de asistencia legal, la Defensoría Pública de La Pampa cumple un rol cada vez más determinante en el acceso a la justicia. En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, el Defensor General de la provincia, Martín Saravia, describió la crítica situación del organismo, que enfrenta una demanda masiva con recursos humanos extremadamente limitados.
En pocas líneas
- La Defensoría Pública de La Pampa enfrenta una creciente demanda de asistencia legal en un contexto de crisis económica y conflictividad social, especialmente en trámites civiles como alimentos, régimen comunicacional y violencia.
- El organismo opera con recursos humanos limitados (solo 13 defensores civiles en toda la provincia), generando un desequilibrio en comparación con el fuero penal y dificultando el acceso a la justicia.
- Existe una creciente preocupación por casos de violencia en adultos mayores, una problemática que requiere atención especial debido al envejecimiento de la población pampeana.
- La falta de un sistema informático unificado dificulta la cuantificación del trabajo, pero se estima que cada defensoría maneja un volumen inmanejable de entre 700 y 800 legajos activos.
Saravia destacó la importancia de la Defensa Pública para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. “La mayoría de todos los trámites de alimentos, responsabilidades parentales, régimen comunicacional, divorcios, sucesiones, violencia de género, y cuestiones de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, son desarrolladas por las Defensorías Civiles”, explicó.
Sin embargo, la estructura para hacer frente a esta enorme tarea es precaria. “Para toda esa tarea contamos apenas con 13 defensores y defensoras en todo el territorio provincial. Obviamente es un número muy reducido, escaso para la cantidad de demanda que tenemos”, afirmó Saravia.
Para dimensionar el desequilibrio, el Defensor General trazó una comparación con el fuero penal: “Para trabajar la temática penal, vos tenés alrededor de 50 fiscales en toda la provincia. En cambio, en lo civil, no solo tenemos menos personal, sino que a menudo la defensa pública debe duplicar sus esfuerzos”.
“Probablemente nuestros números nos dan, así que además vamos a necesitar también otro defensor que defienda a la persona que se le reclama alimentos. Entonces la defensa pública va a tener dos funcionarios actuando en un expediente”, detalló.
Las áreas de mayor demanda y la violencia en adultos mayores
Consultado sobre las áreas que concentran la mayor cantidad de casos, Saravia señaló que los reclamos por alimentos, el régimen comunicacional y los cuidados personales son los más recurrentes. A esto se suma una creciente preocupación por las violencias en plural: “Incluyo violencia de género, violencia en niños, niñas y adolescentes, y hay un fenómeno que se está empezando a ver bastante en tribunales, que es la violencia en adultos mayores”.
El Defensor General advirtió que esta última problemática, a veces física y otras económica, requiere especial atención. “La provincia de La Pampa es una de las provincias con población más envejecida a nivel nacional, entonces evidentemente los adultos mayores es una problemática que nos va a ocupar y mucho”, sostuvo.
Un sistema desequilibrado por décadas
Saravia explicó que el Poder Judicial debe ser visto como un sistema integral, donde la asignación de recursos respete un equilibrio. “Si vos creas un nuevo juzgado de familia, por ejemplo, indefectiblemente eso va a dar como resultado la necesidad de más defensorías. Si no se lo piensa de esa manera, se va desequilibrando el sistema”, manifestó.
En este sentido, criticó que durante más de dos décadas no se nombraron nuevos defensores, mientras que la demanda creció exponencialmente debido a la incorporación de nuevos derechos con la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, el aumento de la visibilidad de la violencia de género y el propio crecimiento demográfico.
“Si vos creas un megajuzgado, terminas convirtiendo en un hermoso castillo. Pero si no le generas el acceso para que el ciudadano llegue ahí, porque esa es la tarea del defensor, de nada te sirve”, ejemplificó.
Aunque reconoció que la problemática es general en toda la provincia, Saravia indicó que “la problemática más grande en las defensorías civiles las tenemos en Santa Rosa y en Pico”.
Un volumen de trabajo inmanejable
Uno de los mayores desafíos es la cuantificación del trabajo. Según el Defensor General, la falta de un sistema informático unificado impide tener estadísticas precisas. “Conviven tres sistemas informáticos, dos muy rudimentarios, y el último, el CIGE, que es un muy buen sistema, pero aún no está integrado a los otros dos”, lamentó.
A pesar de ello, estimó que cada defensoría maneja activamente entre 700 y 800 legajos, un número que calificó como “ilógico” y que supera la capacidad de respuesta. A esto se suma la naturaleza del trabajo en el fuero civil, que es mayormente escrito y requiere mucho tiempo de escucha y redacción, a diferencia del sistema penal, más ágil por su oralidad.
Finalmente, como principal desafío de su gestión, Martín Saravia concluyó: “La principal preocupación es la asignación de recursos principalmente para las defensorías civiles, y también un llamado de atención para las defensorías penales, porque se ha producido un desbalance también en ese ámbito que, si no se llama la atención, va a pasar lo mismo”.
