La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de La Pampa expresó su “enérgico rechazo a la adhesión provincial a la Ley 27.348”, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, y alertó sobre las consecuencias negativas que la normativa representa para el personal de la provincia.
Desde la organización sindical recordaron que la Ley 24.557, sancionada en la década de 1990, fue duramente cuestionada en su momento por haber reemplazado “la responsabilidad patronal frente a los accidentes y enfermedades laborales” por un sistema gestionado por aseguradoras privadas (ART). Según la CTA, la nueva Ley 27.348, aprobada en 2017, no solo no corrige esas falencias, sino que agrava la situación al fortalecer el poder de las Comisiones Médicas.
En su comunicado, la central obrera sostiene que estos organismos administrativos “reemplazan el rol de la justicia laboral” sin ofrecer garantías de imparcialidad. Advierten, además, que este mecanismo generará una mayor burocratización de los reclamos, lo que podría derivar en una sobrecarga tanto para el sistema público de salud como para las obras sociales sindicales.
La CTA pampeana insiste en que el eje de cualquier política en la materia debe ser la prevención. En este sentido, señalaron que existe una “deuda del Estado Nacional”, ya que los proyectos para una Ley de Prevención, elaborados por sindicatos, especialistas en derecho y legisladores, “nunca fueron tratados por el Congreso”.
Para la entidad gremial, la legislación actual “reduce la salud laboral a estadísticas y costos” y el uso de términos como “siniestros laborales” invisibiliza el daño humano y social. Asimismo, consideran que plantear la “litigiosidad” como el problema principal es “reconocer que las malas condiciones laborales persisten” y que la prevención sigue siendo una cuenta pendiente.
Finalmente, la CTA reafirmó que la salud de quienes trabajan debe ser debatida con su participación y no quedar en manos del mercado, subrayando que la celeridad debe estar en la “atención médica y acompañamiento” y no en trámites que limitan derechos. “La vida no tiene precio, no se vende ni se negocia”, concluyeron, ratificando su firme postura con un rotundo “NO a la adhesión a la Ley 27.348”.
