La posible adhesión de la provincia de La Pampa a la ley nacional de riesgos de trabajo ha generado un intenso debate en los últimos días, con posturas a favor y en contra. Para aclarar los alcances del proyecto, Ana Rodríguez, subsecretaria de Relaciones Laborales de la provincia, defendió la iniciativa en una entrevista con INFOPICO RADIO 99.9, asegurando que su principal objetivo es beneficiar al trabajador agilizando los tiempos de resolución de sus reclamos.
En pocas líneas
- La Pampa debate adherir a la ley nacional de riesgos del trabajo para agilizar reclamos de trabajadores mediante una instancia administrativa obligatoria ante comisiones médicas.
- La ley busca reducir los tiempos de resolución a un máximo de 60 días, evitando juicios extensos, aunque persiste la posibilidad de recurrir a la justicia.
- Sectores críticos argumentan que la ley beneficia a las ART, pero el gobierno provincial defiende que actualiza las indemnizaciones y agiliza los pagos.
- La adhesión implicaría un plazo de 45 días para recurrir a la justicia tras agotar la vía administrativa, pero se mantienen los dos años para acciones contra el empleador.
El gobierno provincial, en colaboración con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, impulsa esta adhesión que, según Rodríguez, “es una instancia que suma en aquel reclamo que tenga que realizar el trabajador respecto a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional”.
El cambio fundamental que propone la ley es establecer como obligatoria la instancia administrativa ante las comisiones médicas, un paso que actualmente es opcional.
“El corazón del proyecto es que la instancia a la vía administrativa sea obligatoria, lo cual le da al trabajador una instancia de mayor celeridad a la hora de resolución de su situación”, explicó la funcionaria.
Actualmente, los trabajadores pueden iniciar directamente una demanda judicial, lo que genera, según el gobierno, “mayor litigio y mayores juicios” con tiempos procesales mucho más extensos. Con la nueva ley, el trabajador tendría una respuesta en un plazo máximo de 60 días. En esa instancia, las partes podrían llegar a un acuerdo homologado, que tiene carácter de cosa juzgada. De no haber acuerdo, el camino a la justicia sigue abierto, pero a través de un recurso de apelación y no iniciando un juicio desde cero.
Críticas y respuestas del oficialismo
La propuesta ha sido criticada por algunos sectores, como un abogado de General Pico que afirmó que la ley “beneficia pura y exclusivamente a las ART y perjudica a los empleados”. Ante esto, Rodríguez replicó que esa es “una manera de verlo” y sostuvo que la normativa establece una indemnización actualizada a través de un baremo. “Desde nuestro punto de vista, también es beneficioso para el trabajador, porque se evita la posibilidad (…) de ir a la justicia y de llevarse la indemnización en esa instancia y cobrar con mayor celeridad”, remarcó.
Otra de las preocupaciones planteadas se refiere a la reducción del plazo para recurrir a la justicia, que pasaría de dos años a 45 días tras el alta médica de la ART. Rodríguez aclaró este punto: “Agotaste toda la cuestión en la instancia administrativa, tenés 45 días para presentar un recurso, es un plazo habitual. No tenés que ir de cero a la justicia a presentar una demanda, ya vas con lo que tenés en la comisión”. Además, confirmó que la posibilidad de iniciar una acción judicial contra la empresa empleadora se mantiene en el plazo de dos años.
El objetivo final y el contexto nacional
La subsecretaria resumió que el objetivo principal de la provincia es “generar una herramienta más” que aliviane costos y tiempos para ambas partes. “La idea es que estas comisiones estén repartidas geográficamente de manera correcta, para que todos los trabajadores tengan acceso”, agregó, y destacó que el trámite administrativo no generará costos iniciales para el trabajador, aunque sí deberá contar con patrocinio letrado.
La Pampa es una de las pocas provincias que aún no ha adherido a esta ley, a la que ya se han sumado 18 jurisdicciones en todo el país. El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su estudio y debate, donde se definirá el futuro de la normativa en el territorio pampeano.
