El gobierno de Javier Milei sufrió un importante revés en el Senado, donde la oposición unió fuerzas para rechazar los vetos presidenciales a dos leyes fundamentales. Estas leyes buscan garantizar financiamiento para el Hospital Garrahan y mejorar los presupuestos de las universidades públicas.
La votación resultó en la reactivación de ambas normativas, dejando al Ejecutivo ante la necesidad de definir sus próximos pasos. Previamente, el Gobierno había demorado la asignación de fondos a otra ley reactivada, relacionada con la discapacidad.
Los vetos fueron debatidos en conjunto, pero la votación se realizó de manera separada. La ley de emergencia pediátrica obtuvo 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
La iniciativa relacionada con las universidades consiguió 58 votos positivos, 7 negativos y las mismas 3 abstenciones. Ambos textos superaron ampliamente los dos tercios necesarios para insistir con las leyes, bajo la supervisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Una de las leyes prioriza la asignación de recursos para bienes de uso, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado pediátrico. Además, busca recomponer los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica.
Se establece que la recomposición salarial no podrá ser inferior a la percibida en términos reales en noviembre de 2023. También se exime del pago de ganancias al personal de salud que desempeña actividades críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados.
Según publicó Infobae, el Hospital Garrahan es declarado como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto fiscal de esta ley sería de $65.573 millones entre julio y diciembre.
La ley sobre universidades exige la actualización, al 1 de enero de 2025, de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Esta actualización se aplicará al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024, y se prevén subas bimestrales para el corriente año.
El Ejecutivo también deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas, desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC. Estos incrementos deberán ser remunerativos y bonificables.
Además, se establece la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria cada tres meses, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC para el personal docente y no docente.
Durante el debate, legisladores de diferentes bloques expresaron sus opiniones. Se criticó la falta de diálogo del Gobierno y se defendió la importancia de la educación pública y la atención pediátrica. También se cuestionó la obsesión del Gobierno por el equilibrio fiscal en detrimento de las necesidades sociales.
