Desde este lunes, la justicia federal en La Pampa opera bajo un nuevo sistema acusatorio, un cambio histórico que transfiere la dirección de las investigaciones de los jueces a los fiscales. En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, la fiscala Iara Silvestre brindó detalles sobre la profunda reorganización del Ministerio Público Fiscal y aclaró una duda central para el norte de la provincia: si bien se habilitó el cargo para la fiscalía federal de General Pico, esta no tendrá, de momento, una sede física en la ciudad.
En pocas líneas
- La justicia federal en La Pampa adopta el sistema acusatorio, transfiriendo la dirección de las investigaciones a los fiscales y limitando el rol de los jueces a garantes.
- La fiscalía federal de General Pico ha sido habilitada, pero no contará con una sede física en la ciudad por el momento, y un fiscal desde Bahía Blanca gestionará los casos existentes.
- Las fiscalías de Santa Rosa se fusionan en una única “Unidad Fiscal” bajo la dirección de Iara Silvestre, con una distribución de tareas entre Silvestre e Iparraguirre.
- La mayoría de los casos que maneja la justicia federal en La Pampa están relacionados con la ley de estupefacientes, principalmente narcomenudeo, debido a la no adhesión de la provincia a la ley de “desfederalización”.
El cambio más significativo de esta reforma es el rol protagónico que asumen los fiscales. “Somos los fiscales los que vamos a llevar adelante las investigaciones”, explicó Silvestre, estableciendo un paralelismo con el sistema que ya rige en la justicia provincial. “El juez deja de intervenir como juez instructor y pasa a ser un juez de garantías”.
Este nuevo paradigma busca imprimir mayor celeridad y simpleza a los procesos. Según la fiscala, las investigaciones serán “desformalizadas”, se priorizarán las audiencias orales y el tradicional expediente en papel dejará de existir. “El fiscal pasa a ser el responsable de la investigación y además tenemos herramientas como el principio de oportunidad o salidas alternativas para llevar a juicio los casos que realmente son más importantes en términos de política criminal”, subrayó.
La situación de General Pico
Una de las noticias más esperadas en la ciudad era la puesta en funcionamiento de la fiscalía federal local. Sin embargo, Silvestre corrigió la información inicial. “No se va a instalar en Pico, por lo menos no de momento. Se habilita la fiscalía federal que está creada para General Pico, pero no va a funcionar aquí”, afirmó.
Detalló que, por disposición de la Procuración, se asignó el cargo de fiscal de manera interina a una persona que trabajará desde Bahía Blanca. “Va a asumir de momento la carga de concluir los expedientes en trámites bajo el sistema procesal anterior”, indicó. El futuro de la sede física dependerá de la finalización de esa tarea y de las decisiones que tome la Procuración, sumado a que el edificio destinado para tal fin aún no ha sido modificado. Esta situación es similar a la de la jueza federal designada para la ciudad, Ivana Hernández, quien actualmente subroga un cargo en Tartagal.
Reorganización y carga de trabajo
La estructura del Ministerio Público Fiscal en La Pampa ha sido completamente rediseñada. Las fiscalías de primera instancia y ante el tribunal oral de Santa Rosa se fusionaron en una única “Unidad Fiscal”, que estará a cargo de la propia Iara Silvestre. Dentro de esta unidad, Silvestre gestionará el área de atención inicial y los litigios complejos, mientras que el doctor Federico Iparraguirre se encargará de los casos sencillos, la ejecución penal y la atención a víctimas.
Consultada sobre el volumen de trabajo, la fiscala detalló que las causas vinculadas a la ley de estupefacientes representan aproximadamente el 60% del total. De ese porcentaje, “un 70% es narcomenudeo y el 30% son causas de narcocriminalidad organizada”. El resto de los casos se relaciona con delitos que involucran a instituciones nacionales o la falsificación de documentos públicos.
En este contexto, Silvestre explicó que La Pampa, a diferencia de otras provincias, no ha adherido a la ley de “desfederalización” del narcomenudeo. “Las provincias son autónomas y tienen la potestad de decidir si adhieren o no. La Pampa no lo ha hecho, de manera tal que todo lo absorbe la justicia federal”, señaló.
Actualmente, el plantel está compuesto por 18 personas, con la previsión de incorporar a seis más a través del sistema de ingreso democrático del Ministerio Público Fiscal, para hacer frente a los desafíos que impone esta nueva y necesaria modernización de la justicia federal en la provincia.
