General Pico, La Pampa. La Secretaria de Desarrollo Social del municipio piquense, Gabriela Echegaray, reveló los resultados del más reciente operativo del Índice de Vulnerabilidad Social en la ciudad, que arrojó un 3,6% de indigencia. Este dato, si bien representa una leve disminución respecto a mediciones anteriores, mantiene la preocupación sobre la situación de las familias que no logran cubrir sus necesidades básicas.
Un complemento al sistema Pilken: radiografía de la realidad social
Echegaray explicó que el Índice de Vulnerabilidad Social es un complemento al tradicional sistema Pilken, una herramienta de recopilación de datos que se utiliza desde hace años en La Pampa. El sistema Pilken registra información de las familias que reciben algún tipo de prestación del estado provincial o municipal, a través de una encuesta de 60 preguntas que abarca desde la composición familiar y el tipo de vivienda hasta el acceso a educación, salud, actividades recreativas e ingresos. En General Pico, este universo de datos incluye a 6.700 familias.
El esquema anunciado por el gobernador en 2023 busca revisar y reafirmar esos datos, arrojando el Índice de Vulnerabilidad Social, que mide específicamente la línea de indigencia y pobreza. Este fue el sexto operativo realizado en General Pico, con una medición efectuada en agosto de este año.
Cifras y desafíos: el 3,6% de indigencia y la focalización de políticas
La secretaria detalló que el índice actual de indigencia en General Pico es del 3,6%, lo que significa que un sector de la población “no accede a cubrir la canasta básica”. Este número muestra una ligera baja en comparación con el 4,4% registrado en febrero del mismo año. A nivel provincial, el índice se sitúa en un 3,5%, lo que indica una consonancia entre las mediciones locales y las de toda La Pampa.
Según Echegaray, esta disminución se debe a la “focalización de las políticas alimentarias que van destinadas a donde tienen que ir destinadas”. Sin embargo, enfatizó que no hay nada que festejar, ya que el dato de indigencia es grave y representa un desafío constante para las áreas sociales. “Es ver primero cómo hacemos mejores políticas públicas para llegar efectivamente a esas familias”, afirmó, destacando la necesidad de optimizar el uso de los recursos estatales, que son finitos.
Aunque no precisó el número exacto de familias que representa este 3,6%, la funcionaria mencionó que en mediciones anteriores se hablaba de aproximadamente 1.500 personas en esta situación. La crisis económica actual “agudiza aún más la situación” de aquellos que ya venían complicados, según la percepción cotidiana de la Secretaría.
La escuela como “caja de resonancia” y el orgullo de la inversión provincial
Echegaray subrayó la importancia de las escuelas como “caja de resonancia de la sociedad en general”, donde se visibilizan muchas situaciones que luego son abordadas por la Unidad Local de Niñez. La colaboración con el ámbito educativo es permanente para detectar y acompañar los emergentes que se observan en el aula, siempre priorizando el cuidado de las infancias.
La secretaria expresó su “orgullo de vivir en una provincia como esta”, destacando que La Pampa cuenta con un método de trabajo consolidado y una inversión significativa. Mencionó los 18 mil millones de pesos que el gobierno provincial destina mensualmente en tarjetas alimentarias a nivel provincial, de los cuales 475 millones de pesos llegan a General Pico. “Si esa decisión política no existiera sumado a las políticas alimentarias que tiene la municipalidad, ¿qué situación estaríamos pasando?”, reflexionó.
Un nuevo emergente: familias con discapacidad y la crisis de las prestaciones
Entre los nuevos desafíos, Echegaray destacó el acompañamiento a las familias con discapacidad, una demanda creciente que no se observaba con la misma intensidad el año pasado. En General Pico, hay 1.309 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa un universo significativo.
La funcionaria explicó que la problemática radica en el desfasaje entre el valor de las terapias y los nomencladores, sumado a la crisis de cobertura de obras sociales y prestaciones del gobierno nacional que hoy no están garantizadas. “No dimensionamos lo que significa para una familia que un niño con discapacidad discontinúe sus terapias. Es avance o retroceso”, sentenció, alertando sobre las graves consecuencias que esto tiene en la construcción familiar y el desarrollo de los niños.
La Secretaría de Desarrollo Social está elaborando una propuesta local para presentar a la Intendenta, aunque Echegaray aclaró que existen dimensiones presupuestarias que el municipio no podría cubrir, ya que tradicionalmente estas prestaciones eran responsabilidad del gobierno nacional. Mencionó casos de niños en General Pico que esperan pensiones nacionales desde hace dos años, evidenciando una problemática que se vive a nivel local pero cuyas raíces son más profundas.
Presupuesto “justísimo” y la responsabilidad de la gestión
Respecto al presupuesto, Echegaray calificó la situación como “justísima”, indicando que se encuentran planificando y proyectando los últimos meses del año. La elaboración del presupuesto para 2026 deberá contemplar esta realidad y los nuevos emergentes.
La secretaria enfatizó la responsabilidad de no generar expectativas que no se puedan cubrir, ya que el presupuesto se planifica para los doce meses. A pesar de los recursos que se achican, valoró la decisión del gobernador y de la Intendenta de seguir invirtiendo y tomando decisiones en temas tan sensibles, en contraposición a “discursos muy agresivos” que se observan a nivel nacional.
“No es el número frío, son familias, son historias, son vidas”, concluyó Echegaray, reafirmando el compromiso de la gestión local en un contexto de creciente vulnerabilidad social.
