Legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical, el PRO, el MIR y Comunidad Organizada presentaron un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar controles toxicológicos a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado pampeano. En diálogo con InfoPico Radio 99.9, el diputado provincial Hipólito Altolaguirre (UCR), uno de los impulsores de la iniciativa, brindó detalles sobre el alcance, la implementación y los fundamentos de esta propuesta que busca mayor transparencia en la función pública.
Un proyecto con antecedentes en otras provincias
Altolaguirre explicó que la idea no es original, sino que surge de un análisis de “legislación comparada de otras provincias donde ya se ha empezado a desarrollar”. Mencionó casos como Neuquén, donde ya es ley, San Luis, donde está vigente por decreto, y Córdoba y Santa Fe, donde existen proyectos similares, destacando la lucha contra el narcotráfico impulsada por el gobernador de esta última. “No es un invento propio”, aclaró el legislador, subrayando que busca adoptar buenas prácticas de otras jurisdicciones.
La propuesta establece como “requisito de ingreso y permanencia en los niveles superiores y políticos de la función pública, el carecer de adicción a drogas ilegales”. Altolaguirre enfatizó la distinción sobre drogas ilegales, desestimando preocupaciones sobre medicación legal.
Alcance y autoridad de aplicación
El proyecto abarca a los “niveles superiores jerárquicos políticos” de los tres poderes del Estado. Esto incluye al gobernador, vicegobernador, ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo; a todos los diputados provinciales del Poder Legislativo; y a jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La autoridad de aplicación designada sería el Ministerio de Salud de la provincia, que a su vez deberá conformar una comisión fiscalizadora. Esta comisión, con facultades de contralor, monitoreo y fiscalización, estaría integrada por representantes del Colegio Médico, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNLPam, un miembro del Poder Ejecutivo, uno del Superior Tribunal de Justicia y uno del Poder Legislativo.
El diputado subrayó la importancia de la medida: “Quienes tenemos la responsabilidad de legislar, no estemos al momento de tomar actos de responsabilidad de mucha envergadura, con ningún tipo de adicción o algo que pueda perjudicar la decisión o que pueda llevar a tomar medidas que a corto, mediano y largo plazo afecten a la sociedad en general.”
Consultado sobre la inclusión de las fuerzas policiales, Altolaguirre reconoció que fue uno de los primeros planteos recibidos y consideró que “también se las tiene que incluir”, aunque la propuesta inicial se centra en los funcionarios de los tres poderes. El proyecto es impulsado por una amplia bancada de legisladores, incluyendo a Gisela Cuadrado y Sergio Pregno (UCR), Noelia Viara y Celeste Riva (PRO), y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga (MIR y Comunidad Organizada, respectivamente).
Mecanismo de los controles y eventuales positivos
El proyecto detalla que los funcionarios deberán realizar un “examen de detección de metabólicos de drogas en orina (DDO)” en dos muestras (frasco A y frasco B), que serán selladas y firmadas. Este examen deberá realizarse en un plazo de cuatro meses desde la puesta en vigencia de la ley y con una periodicidad obligatoria de un año.
En caso de un resultado positivo, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba en un plazo de diez días hábiles, utilizando el frasco B y pudiendo estar acompañado por un perito bioquímico de parte. Altolaguirre destacó que los controles deberían ser sin preaviso, “algo normal”, y que los propios autores del proyecto serán los primeros en someterse a ellos “como una demostración de dar el ejemplo”.
Expectativas de aprobación y otros temas en la agenda legislativa
El diputado Altolaguirre se mostró optimista sobre el futuro del proyecto: “Creo que no hay motivo para oponerse a este proyecto, al menos cuando uno ve que en provincias de distinto color político, por llamarlo de alguna manera, se está aplicando y sancionando.” Considera que la iniciativa trasciende las banderías políticas y apunta a la transparencia de quienes ocupan cargos de responsabilidad.
Durante la entrevista, también se abordaron otras cuestiones de la agenda política pampeana. Altolaguirre se refirió a la situación interna del radicalismo tras el debate sobre la concesión de áreas petroleras, conocida popularmente como “el medallito”. “El medallito fue un punto muy importante, te diría casi un punto de quiebre”, afirmó, expresando su “sinsabor” por la falta de herramientas e información para elaborar un pliego de licitación más transparente y fijar condiciones más beneficiosas para la provincia. Criticó la forma en que se fijaron las regalías y el bono de ingreso para las empresas, sin un plazo de pago claro.
Finalmente, sobre las próximas elecciones de octubre, el legislador confirmó el acompañamiento al candidato del partido. Si bien reconoció no compartir la estrategia partidaria de no conformar un frente más amplio, acata la decisión de la mayoría. “Estoy convencido que la única manera de que esta provincia pueda cambiar de rumbo y tener un proyecto distinto es que todo el arco opositor de nuestra provincia se una”, sentenció, reafirmando su militancia por los candidatos de la Unión Cívica Radical.
