El Gobierno dispuso una readecuación de partidas para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre, con el objetivo de actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901), aunque la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad—recién promulgada—permanece suspendida en su ejecución hasta que el Congreso asigne fondos y fuentes específicas.
Según la Decisión Administrativa 24/2025, el Jefe de Gabinete incrementa los créditos de ANDIS y los compensa con una baja en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, para atender “a partir del 1/10” el reclamo de actualización de los prestadores. La medida no pone en marcha los beneficios nuevos creados por la 27.793.
En paralelo, el Decreto 681/2025 promulgó la ley de emergencia, pero su aplicación quedó suspendida por el artículo 5 de la Ley 24.629 (las leyes con gasto no rigen hasta que se incorporen créditos al Presupuesto) y el artículo 38 de la Ley 24.156 (exige precisar fuentes de financiamiento). El Ejecutivo remitió el tema al debate del Presupuesto 2026.
Los montos oficiales estimados según el Decreto 681/2025 son: PNC por Discapacidad de $ 2,166 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $ 4,707 billones en 2026 (0,47%); Programa Incluir Salud de $ 574.200 millones en 2025 (0,07%) y $ 1,239 billones en 2026 (0,12%); y una compensación a prestadores (art. 13) por la brecha aranceles vs IPC 12/2023–12/2024 de $ 278.323 millones (0,03%). La necesidad total de crédito para 2025 se estima en $ 3,019 billones (0,35% del PBI).
A partir del 1/10, se prevé una mayor disponibilidad de crédito en ANDIS para actualizar aranceles vigentes y acortar demoras en pagos a instituciones, transportes, escuelas y terapias de la Ley 24.901. Sin embargo, sigue pendiente la compensación de emergencia 2024 vs IPC a prestadores, los aranceles únicos y movilidad mensual, la nueva PNC por Discapacidad y la expansión de Incluir Salud, las cuales requieren del presupuesto del Congreso para su implementación.
