Una jueza de Tierra del Fuego hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural local y suspendió por 30 días la resolución del Senasa que habilitaba el ingreso al sur del río Colorado. La decisión de Chile de cerrar sus importaciones fue un factor clave.
Tras un recurso de amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que prohíbe por 30 días el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, una medida que el Senasa había autorizado a fines de junio. Para los productores ganaderos fueguinos, la resolución atentaba contra “un activo patrimonial y estratégico de alto valor económico”.
La demanda fue impulsada el pasado 29 de julio por Lucila Apolinaire, presidenta de la entidad ruralista, con el patrocinio del abogado José Luis Paños. En el escrito, se argumentó que la resolución N°460 del Senasa “compromete el status sanitario diferencial de la región, alcanzado tras décadas de inversión público-privada, sacrificios económicos de los productores y cumplimiento riguroso de protocolos de bioseguridad”.
Los argumentos del sector ganadero
En su presentación, Apolinaire advirtió que la apertura de la barrera sanitaria “genera un riesgo sanitario grave e inmediato, con la posibilidad de pérdida automática del reconocimiento internacional”. Esto, según los ruralistas, implicaría “el cierre de mercados externos, afectación de contratos en curso, caída de certificaciones internacionales, pérdida de empleos rurales y urbanos, disminución de precios percibidos por los productores y desvalorización del diferencial sanitario”.
A pesar de la contundencia del reclamo, la fiscalía federal había dictaminado que se debía declarar inadmisible la acción de amparo, al considerar que no se configuraba un caso de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
Por su parte, el Senasa defendió la medida asegurando que “persigue fines de modernización y competitividad del sector pecuario nacional” y que la Patagonia mantenía “su estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación”, sin que la resolución implicara un riesgo de perder dicha condición.
Una decisión basada en el “perjuicio irreparable”
Sin embargo, la jueza Borruto desestimó la opinión de la fiscalía y los argumentos del organismo sanitario. La magistrada consideró que la postura oficial “no resulta ajustado a los hechos reales”, coincidiendo con las asociaciones rurales de la Patagonia que habían acusado al Gobierno nacional de mentir sobre las consecuencias.
En su fallo, la jueza sostuvo que el estatus sanitario patagónico “constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional, cuya pérdida o degradación, acarrearía un perjuicio irreparable no sólo a productores y trabajadores rurales, sino también a los consumidores”.
Un punto clave en la decisión de Borruto fue la situación particular de los ganaderos de Tierra del Fuego, quienes deben trasladar sus animales a frigoríficos en Santa Cruz, recorriendo cientos de kilómetros y pasando por dos controles sanitarios chilenos.
La jueza determinó que existía “peligro en la demora”, ya que la resolución del Senasa estaba generando un “perjuicio grave”. La prueba de ello fue la reciente decisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, que suspendió las importaciones de carne desde Argentina y dejó sin efecto el reconocimiento del estatus sanitario de la región. Esta medida del país vecino fue fundamental para justificar la urgencia del fallo.
Finalmente, la magistrada defendió su resolución afirmando que tiene como finalidad “garantizar el derecho de la sociedad fueguina al acceso a alimentos seguros y de calidad, como así también protege la actividad económica regional vinculada a la producción ganadera”.
