La Cámara Alta dio media sanción a una iniciativa impulsada por la oposición que establece nuevas reglas para los Decretos de Necesidad y Urgencia. El oficialismo votó en contra, argumentando que es una herramienta esencial para gobernar. El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
Este jueves, el Senado de la Nación aprobó con una amplia mayoría un proyecto de ley que busca modificar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las herramientas más utilizadas por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que cosechó 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, propone mayores controles parlamentarios y plazos estrictos para la validación de dichas normativas.
El núcleo de la propuesta se centra en reemplazar la actual ley 26.122, sancionada en 2006. El nuevo texto establece que un DNU perderá validez automáticamente si no es aprobado por ambas Cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días corridos. A diferencia de la legislación vigente, donde basta el aval de un solo recinto para que el decreto siga en pie, este proyecto exige el respaldo explícito de senadores y diputados.
Además, la iniciativa estipula que el rechazo de una sola de las Cámaras será suficiente para derogar el decreto. Otro de los puntos clave es que cada DNU deberá tratar sobre una única materia específica, evitando así los “decretos ómnibus” que incluyen múltiples reformas en un solo texto.
El debate en el recinto reflejó una clara división política. La propuesta fue respaldada por un amplio arco opositor que incluye a bloques del peronismo, la Unión Cívica Radical y otros partidos provinciales. Desde estos sectores, se argumentó que el objetivo es restaurar el equilibrio de poderes y limitar lo que consideran un “abuso” de esta facultad presidencial.
Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza defendió la prerrogativa del Ejecutivo y votó en contra. El jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, sostuvo que los DNU son una herramienta “necesaria” para un gobierno que se encuentra en minoría parlamentaria y necesita llevar adelante su plan de gestión sin dilaciones.
Con la media sanción del Senado, el proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso. En caso de que también sea aprobado por la Cámara Baja, y si el Poder Ejecutivo cumpliera con la advertencia de vetarlo, se abriría un nuevo capítulo de tensión institucional entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.
