La reciente ratificación presidencial de la postura fiscalista, que se tradujo en el veto a las leyes aprobadas por el Congreso en julio para aumentar los haberes jubilatorios y declarar la emergencia en el sector de discapacidad, ha generado una profunda desazón entre millones de jubilados en todo el país, y particularmente en la provincia de La Pampa. Si bien el gobierno nacional justificó la medida como una “irresponsabilidad fiscal”, para los afectados representa la anulación de una posible recomposición de ingresos que vienen sufriendo sistemáticamente desde hace tiempo.
Para analizar esta compleja situación, INFOPICO RADIO 99.9 dialogó con Raúl Cuevas, gerente del Centro Provincial de Inclusión Previsional (CEPIP) de La Pampa. Cuevas, con una vasta experiencia en el sistema previsional, describió el panorama actual y las implicancias de estas decisiones para la ciudadanía.
El CEPIP: un rol que trasciende lo administrativo
Según Raúl Cuevas, la tarea que desarrollan en el CEPIP va “más allá de atender consultas sobre procesos jubilatorios”, convirtiéndose muchas veces en un trabajo “más de psicólogo que de trabajador social”. Esta situación se debe a la desesperación de quienes se acercan buscando soluciones que, en muchos casos, ya no existen. “De diez personas, podés ayudar a una, y las otras nueve no, porque ya tienen la edad, no hay moratoria y la única opción es esperar a los 65 años para una pensión mínima que no permite otros beneficios”, explicó Cuevas.
El gerente del CEPIP enfatizó que el veto a la movilidad jubilatoria es un “impacto directo y lapidario” para los adultos mayores. “Niegan un pequeño aumento irrisorio de 20.000 o 26.000 pesos, que no incide en el Producto Bruto Interno, mientras otras medidas como las exenciones impositivas a otros sectores sí lo hacen”, señaló. Además, Cuevas recordó que la jubilación y la discapacidad son “derechos internacionales” y están “avalados por la Constitución”, por lo que el Estado no puede desatenderlos. La situación se agrava para las familias con hijos discapacitados, que enfrentan costos y dedicación de tiempo que a menudo impiden a los padres trabajar plenamente.
La Pampa y los desafíos de la jubilación
En la provincia de La Pampa, el corte de la moratoria previsional ha dejado a miles de personas sin la posibilidad de jubilarse. Si bien no existen estadísticas exactas, el CEPIP calcula que anualmente, entre 2.000 y 3.000 personas en la provincia no podrán acceder a una jubilación. “Hoy por hoy, de cada diez personas, quizás solo una tiene los 60 años y los 30 de aporte”, afirmó Cuevas, refiriéndose principalmente a trabajadores independientes y del sector privado, ya que los empleados públicos en La Pampa suelen gozar de mayor estabilidad laboral y previsional.
La dificultad para acumular 30 años de aportes en el sector privado es una realidad. “Muy poquitos tienen 30 años en un mismo comercio”, comentó Cuevas, destacando la rareza de casos como el de una señora que logró esa antigüedad en una misma empresa que, a su vez, logró subsistir sin cierres.
El futuro del sistema previsional: un debate abierto
La discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional es constante. Se habla de una “pirámide invertida”, donde cada vez hay menos trabajadores activos para sostener a un número creciente de pasivos. Sin embargo, Raúl Cuevas disiente de la postura de que el sistema está condenado a desaparecer únicamente por la falta de aportes directos de los empleados.
Si bien es cierto que se necesitan cuatro activos para un pasivo y hoy estamos en uno y medio, y hay más desocupación, también hay que tener en cuenta que las jubilaciones no se pagan solo con el aporte del empleado y la patronal. El ANSES también se nutre de impuestos al consumo, del IVA, de las ganancias. La gente que no aportó, lo hizo consumiendo, y una parte de esos impuestos va al ANSES. El gobierno, si desea y quiere acompañar políticas de derechos sociales, lo puede hacer.
Cuevas reconoció que la expectativa de vida ha aumentado, lo que podría requerir “un retoque de la edad o del porcentaje de aportes”, pero insistió en que “sí o sí, el Estado tiene que estar presente”, ya que la jubilación no es solo para cobrar un haber, sino también para acceder a una obra social y medicamentos.
