General Pico es uno de los puntos clave donde se desarrollan las auditorías nacionales de pensiones por invalidez, un proceso que abarca a todo el país y que en La Pampa involucra a miles de beneficiarios. Sin embargo, la provincia, a través de su Director de Discapacidad, Iván Poggio, ha manifestado su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo estas revisiones, que dependen exclusivamente de la Nación.
Poggio confirmó que las auditorías ya se han realizado en Santa Rosa, están por finalizar en estos días, y comenzarán en General Acha. En General Pico, las revisiones se iniciaron a fines de mayo y tienen lugar en el Hotel Pico, ubicado sobre la calle 17. El funcionario pampeano subrayó la falta de participación provincial en el proceso, a pesar de haber ofrecido su colaboración.
“Estamos a favor de las auditorías, no estamos a favor de la forma en que se lleva adelante esta auditoría en particular”, sentenció Poggio, haciendo hincapié en la necesidad de transparencia y eficiencia. El proceso implica el envío de una carta documento a cada beneficiario, en la que se indica un día y horario específico para presentarse con la documentación médica actualizada. Si bien se pide “documentación médica actualizada”, Poggio señaló que la especificación es “bastante difusa”, lo que puede generar confusiones sobre los estudios respaldatorios de la incapacidad laboral.
En La Pampa, se estima que alrededor de 7.500 personas reciben este beneficio, de las cuales unas 4.000 serían auditadas en esta etapa. Específicamente, en General Pico y las localidades circundantes (dentro de un radio de 60 kilómetros, incluyendo puntos de la provincia de Buenos Aires como González Moreno y Miraflores), se calcula que unas 1.200 personas serán convocadas.
Una situación que generó alarma y fue confirmada por Poggio fue lo sucedido con vecinos de Trenel. “Me comentaron justamente ayer que viajaron la gente de Trenel, que tenía auditoría en día y horario, llegaron al hotel y un administrativo del hotel les confirmó que la gente se había quedado sin sistema, se habían levantado y se habían ido”, relató el Director de Discapacidad. A estas personas se les informó que se les avisaría en 60 días cuándo debían regresar, una situación que Poggio calificó como “una locura” y que, a su entender, “parece que esto se quiere más un recorte que una buena auditoría”.
El Director de Discapacidad insistió en la importancia de una mayor coordinación entre Nación y las provincias, y especialmente con los municipios. Destacó que las administraciones locales suelen ser las encargadas de los traslados de las personas desde localidades aledañas a los centros de auditoría, lo que representa un esfuerzo logístico y económico. Además, Poggio lamentó la falta de consideración por la situación de vulnerabilidad social de muchos beneficiarios y las condiciones en las que deben esperar, citando el ejemplo de Chubut donde la gente debió aguardar a la intemperie con temperaturas bajo cero.
“Si bien yo estoy a favor de las auditorías, me parece que las formas no son las correctas, hay muchas desprolijidades. Estoy a favor de que si hay una persona que no le corresponde, no la tenga, pero sí tenemos que tener cuidado al revés, que aquella que la tenga no la pierda si le corresponde”, concluyó Poggio, reafirmando el compromiso de la provincia con los derechos de las personas con discapacidad.
