El senador Daniel Bensusán manifestó su preocupación ante un posible veto a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, enfatizando que “su cumplimiento es fundamental para que las personas con discapacidad tengan garantizado el acceso a derechos y servicios fundamentales como alimentos, educación, medicamentos y tratamientos para mejorar su calidad de vida”. El legislador subrayó la importancia de esta normativa para asegurar el bienestar de un sector vulnerable de la población.
Bensusán remarcó que, con la aprobación de esta legislación, “el Congreso de la Nación le brindó herramientas al gobierno nacional para que actúe y garantice estos derechos”. En este sentido, alertó que “si el presidente Javier Milei la veta, traería serios problemas para el acceso a servicios imprescindibles para quienes tienen alguna problemática”, lo que podría generar graves consecuencias para miles de personas en todo el país.
El senador también se refirió a la situación en La Pampa, tras un encuentro con el director de Discapacidad de la provincia, Iván Poggio, donde analizaron los detalles de la ley y su impacto local. Bensusán detalló que “en la provincia hay 12 mil personas con discapacidad que dependen, en mayor o menor medida, de la presencia del estado para asegurar su bienestar”, muchas de las cuales no pueden trabajar y dependen de esta asistencia para su ingreso económico y tratamientos médicos. Además, señaló que “actualmente hay demoras del gobierno nacional en altas de beneficios y también se están registrando retrasos en las autorizaciones de algunas obras sociales para las prácticas que deben realizarse estas personas”, lo que recae en la salud pública provincial y organismos del gobierno pampeano.
Otro punto de alarma para el senador es la auditoría a personas con incapacidad laboral que se lleva a cabo a nivel nacional. Bensusán expresó que esta auditoría “parece más un filtro, para dejar personas sin el beneficio, que un control”. Agregó que “se están manifestando quejas desde todo el territorio nacional de la forma en que se está llevando adelante esta auditoría”, siendo uno de los principales inconvenientes que “la citación, que se hace por carta, llega a domicilios incorrectos o desactualizados”, lo que podría llevar a la pérdida del beneficio si las personas no se presentan.
A modo de ejemplo, el senador citó el caso de personas de Trenel y Arata que “esta semana debían presentarse en un hotel de General Pico. Los municipios instrumentaron el transporte, llegaron a horario, y un empleado administrativo del hotel les avisó que los auditores se habían quedado sin sistema y volvían en 60 días”. No obstante, destacó que “afortunadamente en La Pampa, el gobierno provincial, a través de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, junto a los municipios están llevando adelante estrategias que permiten acercar a las personas que deben ser auditadas a sus lugares de control”.
Finalmente, el legislador cuestionó el gasto asociado a esta auditoría nacional, señalando que “salieron de las arcas nacionales 13 mil millones de pesos, para el envío de 810 mil cartas”. Bensusán consideró que, dada la ineficiencia logística y la falta de llegada de todas las cartas a destino, “alguien debería dar una explicación sobre el tema”. Concluyó su pronunciamiento afirmando que “los argentinos merecemos que, a casi dos años de gestión, el gobierno nacional deje de hacer pagar el costo de la economía nacional a personas con discapacidad, jubilados, universidades nacionales, trabajadores, pymes y a la producción argentina en general. Los números deben cerrar con toda la población viviendo bien y gozando de derechos”.
