La Justicia pampeana continúa profundizando la investigación en torno a la millonaria estafa de los 1000 vacunos, un caso que conmocionó al sector ganadero local y que involucra una suma cercana a los 800 millones de pesos. En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, el fiscal Matías Juan brindó detalles sobre la detención y el estado actual de la causa que tiene como imputados a Ana Paula Courreges (37) e Iván Ezequiel Fiorini (38), ambos oriundos de General Pico, quienes se presentaron ante la justicia ayer por la mañana.
Los detenidos, una pareja y directivos de la empresa “San Pablo Oeste Sociedad Anónima”, son acusados por la firma “San Jorge Sociedad Anónima” de Rancul por una serie de maniobras fraudulentas. “Se presentaron para ser detenidos los que estaban imputados y con pedido de captura vigente desde hace un mes aproximadamente”, explicó el fiscal Juan, haciendo referencia al allanamiento realizado el 26 de junio en General Pinto, provincia de Buenos Aires, donde no se pudo dar con los imputados.
Detalles de la imputación y medidas judiciales
Según la investigación, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los acusados habrían adquirido cerca de mil cabezas de ganado, abonando con cheques que, de manera sistemática, fueron rechazados por falta de fondos. “Esos mil vacunos representaban operaciones por 800 millones de pesos”, detalló el fiscal. A su entender, la empresa compradora “sabía que al comprarlos no lo iba a poder pagar”.
Tras presentarse con sus abogados, los doctores Hernán y Jorge Salamone, Courreges y Fiorini prestaron declaración y realizaron un descargo de los hechos. Luego, se llevó a cabo la audiencia de formalización ante la jueza Cardoso. La Fiscalía solicitó 90 días de prisión preventiva en encierro común, argumentando “peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación”. Sin embargo, la defensa pidió la libertad con medidas sustitutivas o arresto domiciliario.
Finalmente, la jueza resolvió imponerles el arresto domiciliario por 90 días, con la condición de cumplirlo en un domicilio de alquiler que poseen en General Pico. “Están privados de su libertad, pero en un domicilio acá en la ciudad”, confirmó Matías Juan.
Argumentos de la defensa y la postura de la Fiscalía
Los imputados reconocieron las operaciones y que los cheques fueron rechazados, pero ensayaron un descargo aduciendo que “no hubo intención de estafar”. Mencionaron una serie de circunstancias, como inundaciones y mortandad de animales, que habrían provocado una crisis económica y la imposibilidad de cumplir con los pagos. “No hubo de parte de ellos malintención o dolo de estafar, sino que fue una cuestión de que contractual que no pudieron cumplir”, expresó el fiscal sobre los argumentos de la defensa.
No obstante, la Fiscalía sostiene que la empresa denunciada ya acumula 5000 millones de pesos en cheques rechazados en el sistema bancario, lo que refuerza la teoría de una maniobra fraudulenta. El fiscal Juan enfatizó que “nuestra teoría del caso apunta obviamente a una estafa”, y que los acusados “podían presumir o saber que los cheques no iban a ser pagados, y aún así se hicieron de todos los animales”.
Además, Matías Juan señaló que no se ha recuperado ningún animal, presumiendo que “seguramente han sido vendidos, faenados, etcétera”. La firma damnificada busca, por ahora, un enjuiciamiento de estas personas, ya que no ha habido ofrecimientos de conciliación o aporte económico.
Posible pena y continuidad de la investigación
Respecto a la pena que podría caberles a los imputados, el fiscal indicó que, como estafa simple, tiene una escala que va de un mes a seis años de prisión. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que, en un eventual juicio, la fiscalía pida una pena de cumplimiento efectivo en encierro, dada “la extensión del daño causado”, la gran cantidad de millones de pesos y animales involucrados.
Finalmente, Matías Juan informó que la investigación continúa. “La defensa tiene la posibilidad de impugnar el arresto domiciliario, veremos qué hace finalmente, y nosotros seguiremos produciendo pruebas para terminar de desentrañar esta maniobra y eventualmente decidir una acusación para ir a juicio”, concluyó el fiscal.
