La ley provincial de plaguicidas, sancionada en 2020 y aún sin reglamentar, vuelve a ser el epicentro de un profundo conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno de La Pampa. Los productores advierten que la norma es “prácticamente imposible de cumplir” y critican el intento del Ejecutivo de avanzar con su implementación a través de los municipios, a pesar de los plazos legales vencidos y la falta de consenso.
En pocas líneas
- La ley de plaguicidas de La Pampa, vigente desde 2020 pero sin reglamentar, genera un fuerte conflicto entre productores agropecuarios y el gobierno.
- Productores denuncian distancias de exclusión de aplicación de plaguicidas excesivas (500 y 3000 metros) sin sustento científico, afectando la producción y dejando hectáreas improductivas.
- Se critica la excesiva burocracia impuesta por la ley y la falta de diálogo del gobierno, con plazos legales de reglamentación vencidos.
- Productores acusan un doble estándar del Estado en la regulación de plaguicidas versus otros contaminantes y señalan que la ley está desactualizada.
En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, el productor agropecuario Andrés González expresó el hartazgo y la preocupación del sector. “Es una norma que tiene ya cuatro años. Hemos recorrido kilómetros y kilómetros, los productores y los profesionales, para intentar ser escuchados, pero no ha sido así”, lamentó González, destacando que la ley logró unir a todo el sector agropecuario pampeano en su contra.
El principal punto de discordia radica en que, según los productores, la ley parte de una base errónea que ninguna reglamentación puede solucionar. “Cuando la base que es la ley está mal, no hay reglamentación que la mejore”, sentenció González.
Cuestionamientos técnicos y productivos
Los productores sostienen que la ley, en su forma actual, dejaría fuera de la legalidad a quienes buscan trabajar correctamente. Entre los puntos más críticos, se destacan:
- Zonas de exclusión desmedidas: La norma establece una prohibición de aplicación terrestre a 500 metros del casco urbano y de 3.000 metros para aplicaciones aéreas. Según González, esto deja improductivas o con una producción muy restringida a más de 250.000 hectáreas en la provincia.
- Falta de sustento científico: El productor aseguró que estas distancias no tienen respaldo técnico. “Presentamos evidencia científica, incluyendo una prueba realizada en General Pico junto al Ministerio de la Producción, que demostró que la deriva promedio en aplicaciones terrestres es de 9,3 metros y en aéreas de 40 metros. No hay ninguna explicación para los 500 y 3.000 metros que impone la ley”, explicó.
- Impacto en cultivos clave: La producción de girasol, un cultivo casi regional y con una importante cadena de industrialización en La Pampa, se vería gravemente afectada por estas restricciones.
- Burocracia excesiva: González utilizó una analogía para describir lo que considera un exceso burocrático: “La ley exige un asesor que recete, otro que apruebe la aplicación y un tercero que esté presente en el momento. Es como si para darle un antibiótico a tu hijo, necesitaras que un médico te haga la receta, otro te autorice a dárselo y un tercero te supervise mientras lo hacés. Es insólito”.
Un doble estándar y una ley “desactualizada”
González también denunció un presunto doble estándar por parte del Estado provincial. “El Estado pampeano ha levantado los niveles de tolerancia de arsénico en el agua para consumo humano por encima de lo que marca el Código Alimentario Argentino y la OMS. Sin embargo, para la aplicación de fitosanitarios, nos exigen estándares muchísimo más altos que los establecidos a nivel mundial”, comparó.
Además, el sector remarca que la ley nació desactualizada, sin contemplar tecnologías modernas como los drones o las aplicaciones con bandas, que son más precisas y seguras.
Un diálogo estancado y plazos vencidos
Un punto clave que agrava la situación: la presunta ilegalidad del proceso. La propia ley establecía un plazo de 120 días para su reglamentación. Habiendo transcurrido casi cinco años, ese plazo está más que vencido, por lo que la norma debería volver a la Cámara de Diputados para un nuevo tratamiento.
El intento del Gobierno de acordar con los municipios para que la apliquen de todas formas es visto como una maniobra que profundiza el “total desencuentro”. “El diálogo es escuchar”, afirmó González, “pero acá no vemos esa voluntad”.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. Los productores insisten en que su propuesta busca cuidar el ambiente, la salud y la producción, y que no son “los malos de la película”. Sin un acuerdo a la vista, la ley de plaguicidas sigue siendo una fuente de conflicto que amenaza con tener un fuerte impacto en uno de los principales motores económicos de La Pampa.
