La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Echegaray, presentó un detallado informe ante el Concejo Deliberante, donde expuso la compleja situación y el notable incremento de la demanda en lo que va del 2025. “En el primer trimestre se duplicó la asistencia económica para subsidios de alquileres”, aseguró.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pico expuso este jueves en el Concejo Deliberante un completo informe sobre las estrategias implementadas para hacer frente a la creciente problemática habitacional que afecta a la ciudad. La titular del área, Gabriela Echegaray, brindó detalles en una entrevista con INFOPICO RADIO 99.9, revelando cifras que evidencian la gravedad de la situación: desde enero a la fecha, el municipio ha invertido más de 92 millones de pesos en asistencia para el pago de alquileres.
“Lo que hicimos fue responder a una convocatoria del Cuerpo Deliberativo para contar las estrategias que estamos llevando adelante”, explicó Echegaray. La secretaria destacó que el objetivo principal de los equipos técnicos es lograr un proceso de fortalecimiento y autonomía de las familias, aunque reconoció que los indicadores actuales son complejos.
“Tenemos indicadores muy complejos en la Secretaría. Las situaciones van siempre en crecimiento, sobre todo en este primer trimestre del 2025, donde vimos duplicada la asistencia económica en materia de subsidios para el pago de alquileres“, afirmó la funcionaria. En mayo, 190 familias acudieron al municipio por esta problemática, y en total se realizaron 702 asistencias por alquiler en lo que va del año.
El presupuesto destinado a esta área refleja el aumento de la demanda y de los costos. “Estamos por mes en 26 millones de pesos, y cuando arrancamos el año, estábamos en 12 o 10 millones. Se disparó el valor por la cantidad de demanda y por el monto que la familia está necesitando”, detalló Echegaray.
Las estrategias frente a un mercado complejo
La principal vía de ayuda es la asistencia económica directa a las familias que se presentan por demanda espontánea. Sin embargo, cuando el dinero no es suficiente para sortear las barreras del mercado, el municipio despliega otras herramientas.
Una de ellas es la intermediación en procesos de desalojo judicial. Otra, más compleja, es la licitación para que el propio municipio alquile una vivienda para una familia vulnerable. “Esta es una estrategia que se usó durante muchos años, pero es muy compleja, porque fundamentalmente la barrera de acceso que tenemos son los propietarios”, admitió Echegaray. La burocracia y los requisitos para ser proveedor del Estado hacen que muchos dueños de inmuebles desistan. “Muchas veces las licitaciones quedan desiertas porque no hay interés del proveedor”, agregó.
A esto se suman los obstáculos que enfrentan las propias familias, aun teniendo el dinero: la exigencia de garantías, las restricciones por cantidad de habitantes o la prohibición de mascotas.
Para las situaciones más críticas, existen otras alternativas. “Incorporamos el dispositivo del Hogar de Mujeres, que prevé que cuando una familia, pasadas todas estas instancias, no tiene la posibilidad de alojarse, puedan ingresar mujeres con niños por un tiempo determinado”, señaló la secretaria. Como último recurso, se utilizan hoteles o departamentos de alquiler diario, lo que implica una inversión significativa para las arcas municipales.
El perfil de la demanda y el seguimiento
Si bien la mayoría de quienes acuden son familias con hijos, Echegaray indicó que “últimamente se ha visto una prevalencia de varones solos por situaciones de exclusión del hogar, problemas de convivencia o alguna patología”.
La secretaria también fue clara respecto a los criterios de asistencia: “Los fondos que nosotros administramos son los de los vecinos de Pico y van destinados a los otros vecinos de Pico”. Este ordenamiento es clave ante la llegada de personas de otras localidades en busca de oportunidades.
El trabajo no termina con la ayuda económica. Se realiza un seguimiento para que las familias puedan ordenar su economía y se colabora en paralelo con el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) para mantener actualizado el padrón de inscriptos y facilitar el acceso a una vivienda social a futuro. “Acompañamos otras variables. Una familia que está pasando una situación crítica no solo tiene el problema del alquiler, tiene otras cuestiones”, concluyó Echegaray, refiriéndose a un abordaje integral que incluye alimentos, leña y otros servicios básicos.
